Revén decisión que denegó ofrecimiento de prueba por un excesivo rigor formal

En una controversia por la falta de poder del abogado de la parte actora, los vocales entendieron que las normas procesales deben interpretarse de la forma más favorable para la garantía de defensa en juicio

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar a la casación de la parte actora, anuló el pronunciamiento que confirmó la resolución del juez de Conciliación y revocó el decreto que denegó el ofrecimiento de prueba por falta de poder del abogado que lo presentó, al considerar que se incurrió en excesivo rigor formal, ordenando que se provea la probanza en cuestión y se continúe con la tramitación de la causa, según su estado.

La accionante cuestionó el proveído que declaró inadmisible el ofrecimiento de prueba de su parte por falta de poder del abogado A. C. para dicho acto.

En su planteo, el recurrente adujo que se acreditó que dicho letrado contaba con el pertinente instrumento de representación antes de presentar el escrito y que la trabajadora ratificó lo actuado en la primera oportunidad procesal que tuvo. Entonces, entendió que suplió en tiempo el defecto de legitimación y, por lo tanto, la actuación debía tenerse como autorizada.

Control

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, al analizar la cuestión, indicó que la sala tiene dicho que “el control por el tribunal -y las partes- de los instrumentos que acreditan el apoderamiento responde a la necesidad de tener certeza de que quien interviene posee autorización para hacer valer derechos ajenos, siendo menester que se acompañe al juicio el poder pertinente, que permitirá atribuir los actos procesales directamente al litigante representado”.

Asimismo, el TSJ consideró que los defectos de personería son, por regla, subsanables (conforme el artículo 188, inciso 3, CPC, por remisión del 114, CPT), y que el saneamiento podrá alcanzarse mediante la ratificación de lo actuado por la parte involucrada.

El fallo tuvo en cuenta que el artículo 1936 del Código Civil (CC) de Vélez -actual 369 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN)- expresamente prescribía: “La ratificación equivale al mandato y tiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto...”.

Partiendo de ese marco conceptual, el Alto Cuerpo advirtió de que, en el caso, la deficiencia de la representación de quien ofreció prueba por la parte actora fue saneada en tiempo y forma.

Reposición

Así las cosas, se sostuvo que la interesada ratificó expresamente lo actuado por sus mandantes y lo hizo al tiempo de interponer el recurso de reposición contra el proveído en cuestión; es decir, antes de que éste adquiriera firmeza, en cumplimiento de la condición antes referida.

Sobre el particular, además se destacó que cobra trascendencia que en ese mismo momento se adjuntó la carta poder que el actor había otorgado a favor de los doctores A. C. y S. F. con fecha 13 de diciembre de 2017, según la certificación del juez de Paz interviniente.

De ello se siguió que el instrumento de representación necesario había sido extendido con anterioridad al propio ofrecimiento de prueba y suponía la existencia del mandato oportuno entre la accionante y sus letrados.

A su vez, la decisión hizo notar que la misma cámara, al tiempo de rechazar el recurso de apelación, indicó que era incierto el paradero de la carta poder, dejando entrever -incluso- que pudo ser traspapelado por el tribunal.

En tales condiciones y teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos involucrados, el TSJ concluyó que la decisión contraria a la admisibilidad del ofrecimiento de prueba “trasunta un excesivo rigor formal que carece de sustento en las particularidades del caso”.

Objeto

Además, los camaristas recordaron que las normas procesales y las facultades de dirección otorgadas al juez tienen por objeto dilucidar la verdad material y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sustanciales de los litigantes y que son meros instrumentos para posibilitar el cumplimiento de las normas de fondo.

Por todo ello, el Alto Cuerpo valoró que, en caso de conflicto sobre la aplicación de reglas y principios procesales, debe estarse a la solución que más favorece la protección de la garantía de defensa en juicio (artículos 18 de la Constitución nacional y 8 del Pacto San José de Costa Rica).

En consecuencia, en el fallo se resolvió que cabe anular el pronunciamiento que confirmó la resolución del juez de Conciliación y, en su mérito, revocar el decreto en la parte pertinente y ordenar que se provea a la prueba de la parte actora, debiendo continuar la tramitación de la causa según su estado.