Reconocen contrato de comodato sobre un inmueble y una multa por falta de entrega

El tribunal concluyó que los demandados no se defendieron en el juicio, cuando tuvieron la oportunidad procesal de hacerlo

Al tener por reconocido el contrato de comodato que unió al actor con los demandados, ante la ausencia injustificada de los mismos al pleito tras ser notificado al domicilio constituido, al domicilio electoral y ser llamados por edictos, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba condenó a los accionados al pago de la multa inserta en el sinalagma por los días en que se demoraron en hacer entrega del inmueble al actor.

El tribunal integrado por los vocales Rosa Molina de Caminal, Gabriela Lorena Eslava y Héctor Hugo Liendo, al ingresar al análisis del recurso de apelación, indicó que la apelante se agravió de que se haya entendido que no se encontraba acreditada la relación contractual entre el actor y los demandados citados por edictos.

Al respecto, la cámara consideró que, si bien se compartía la crítica efectuada por la sentenciante a quo en cuanto a que podría haber existido una mayor diligencia de la actora en su necesidad de probar la suscripción del contrato por los demandados citados por edictos y la efectiva ocupación del inmueble por parte de los comodatarios, esto es, la efectiva ejecución del contrato, no se soslayó que existen en el caso suficientes elementos probatorios que terminan de inclinar, por muy poco, la balanza a favor del accionante.

En ese sentido, el fallo valoró el instrumento en el que consta el contrato de comodato invocado por el actor, destacando las consecuencias adversas derivadas de la no contestación de la demanda por parte de los demandados.

Llamativo

Asimismo, la alzada destacó que resulta llamativo que no haya podido lograrse la comparecencia de ninguno de los cinco demandados, uno de ellos citado al domicilio especial constituido en el contrato y que coincide con el domicilio informado por el Juzgado Electoral y que todos ellos fueron notificados a tales domicilios.

En el pronunciamiento se agregó que, en tres casos diferentes, el oficial notificador fue recibido por personas con idéntico apellido al del destinatario de la notificación. En uno de esos casos, quien recibió al oficial notificador reconoció ser hermano del requerido, existiendo indicios de que, entre la mayoría de los demandados, existen vínculos de parentesco o afecto.

Por lo expuesto, la cámara concluyó que la sumatoria de estas circunstancias “permite entrever que la no comparecencia de los demandados no deriva de su imposibilidad de tomar conocimiento del pleito sino, más bien, de su indiferencia o de una decisión conjunta y deliberada”.

En síntesis, la decisión definió que la falta de comparecencia, contestación de la demanda y desconocimiento de la documental acompañada, es un primer elemento que resulta adverso a los intereses de los demandados.

En consecuencia, el tribunal resolvió que en autos debe tenerse por acreditada la relación contractual entre el actor y los demandados.

Multa

Respecto de la multa contractual se consideró que de los términos del contrato surge que las partes pactaron una multa de $ 3.000 por cada mes de permanencia en el inmueble más allá del vencimiento del contrato, aclarando que este vencía el 31 de diciembre de 2012 y que este plazo “deberá ser considerado como definitivo, y que no dará lugar a prórroga de ninguna índole”.

De lo mencionado se derivó que, si bien es cierto que no existe prueba certera respecto del día en que la parte actora pudo ingresar al inmueble, dicha omisión pesa en cabeza de los demandados, quienes tenían la carga de la prueba del cumplimiento oportuno de la obligación de restitución a su cargo.

Además, los vocales consideraron que la restitución del inmueble entregado en comodato a los demandados resultaba una obligación de hacer a su cargo, por lo que eran ellos quienes debían acreditar su cumplimiento y, en su defecto, quienes deberán cargar con las consecuencias perjudiciales de su omisión.

En consecuencia, en el fallo se ordenó condenar a los demandados al cumplimiento de la multa pactada entre las partes.

Sin embargo, el tribunal observó que esa sanción no procedía por la suma reclamada, sino por un total de $8.200 pues el actor tomó posesión del inmueble el día 22 de marzo de 2012.

En consecuencia, se infirió que la sanción se devengó por su total de $3.000, sólo respecto de los meses de enero y febrero del año 2017, mientras que en el mes de marzo, sólo se devengó por el proporcional a 22 días, que asciende a la suma de $2.200.

Finalmente se detalló que cada una de las cuotas adeudadas por este rubro devengará intereses que fue debida; esto es, desde el 31/01/2013 la primera, desde el 28/02/2013, la segunda y desde el 22/3/2013 la tercera.