Rechazan pretensión de cobrar haberes laborales al estar éstos prescriptos y acordados

El tribunal entendió que la ex trabajadora accionante firmó acuerdo de desvinculación en sede administrativa, en el que admitió haber percibido la liquidación final, que incluía parte de los salarios reclamados luego en sede judicial

Después de esclarecer el tiempo y forma en que se produjo la desvinculación de la trabajadora a su puesto de trabajo, la Sala 9ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba rechazó los rubros que pretendía entendiendo que sus haberes mensuales algunos se generaron y acordaron, en tanto otros estuvieron incluidos en la liquidación final que pagó la patronal.

La actora inició demanda reclamando haberes caídos y adeudados, SAC y vacaciones. Relató haber trabajado como empleada jerárquica desde 2002 a 2015, extinguiéndose el vínculo mediante acuerdo en sede del Departamento Provincial del Trabajo (DPT), donde el entendimiento se limitó al reconocimiento y pago de la indemnización del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), atento a su incapacidad laboral definitiva dictaminada por la Anses y reconocida por la propia demandada. Finalmente, sostuvo que en dicho acuerdo no se incluyeron los rubros correspondientes a la deuda salarial reclamada en este pleito.

La demandada reconoció la fecha de ingreso, la relación laboral y la remuneración invocadas, pero negó que la accionante haya trabajado hasta el día 28/04/2015, argumentando que el cese operó el 06/01/2015 por decisión de la propia mujer. También negó la empresa que empleada jerárquica y que la extinción se formalizara en el DPT, ya que ello ocurrió con anterioridad mediante renuncia dispuesta por la actora mediante telegrama y que en el Ministerio de Trabajo se efectuó el pago de la liquidación final y de la indemnización del referido artículo 212 LCT, negando adeudarle los rubros y montos reclamados.

Acto de renuncia

El tribunal integrado por el vocal Gustavo Daniel Toledo sostuvo que debía tenerse por cierto que la actora formalizó el acto de renuncia ante su empleadora mediante misiva cursada personalmente el 06/01/2015 y ratificada el 20/02/2015, observando así las previsiones del artículo 240 LCT.

El magistrado observó que, con posterioridad, las partes acordaron la extinción del ligamen laboral ante la autoridad administrativa del Trabajo, indicando expresamente que ello obedecía al estado de incapacidad de la accionante “para reintegrarse a sus tareas habituales, todo ello conforme certificados médicos emitidos (…) a partir del día de la fecha -esto es, el 29/04/2015-, notificándose del cese laboral en ese acto, lo que fue debidamente homologado por la autoridad competente”.

En ese marco, el vocal sostuvo que partiendo del supuesto de un acuerdo celebrado con intervención y aprobación de la autoridad administrativa del trabajo, la resolución homologatoria constituye un acto jurídico que goza de la presunción de legitimidad. Por consiguiente, y en tanto los actos realizados no han sido redargüidos de falsedad, le asignó pleno valor.

Luego, el juez advirtió que del contenido de lo pactado, se infiere que medió una retractación tácita de la renuncia acaecida y, al mismo tiempo, de la continuidad y vigencia de la relación laboral habida entre las partes; todo lo cual resulta ajustado a derecho, remarcándose que la LCT no impide que la renuncia pueda dejarse sin efecto de mutuo acuerdo o de modo tácito, quitándole efectos a ese acto.

Así las cosas, el juez estableció que el ligamen entre las partes finalizó el 29/04/15 en función del acuerdo arribado en sede administrativa, pasando el tribunal a analizar los rubros pretendidos.

Plazos

En cuanto a la prescripción opuesta por la demandada, el magistrado sostuvo que, para los créditos laborales, ésta corre desde que el crédito se encuentre en condiciones de ser exigido, variando el comienzo del término prescriptivo según se trate de los rubros indemnizatorios derivados del despido o de conceptos salariales, siendo que para este último el cómputo se inicia desde que debió efectuarse cada uno de los pagos mensuales.

Siguiendo esas pautas, el juez valoró que los salarios caídos pretendidos por los meses de enero a marzo de 2015 debían abonarse vencido cada período hasta el cuarto día hábil y recién a partir de esa fecha, la trabajadora se encontraba habilitada para reclamar su pago, comenzando a correr desde allí el plazo prescriptivo y feneciendo su derecho de accionar al respecto, los días 06 de febrero; 6 de marzo y 9 de abril de 2017.

Así, la sala indicó que la demanda iniciada el 28/04/2017 revela que en ese momento ya habían transcurrido los dos años previstos en la ley laboral, careciendo de todo sustento el intento de cómputo a partir del distracto.

Asimismo, acotó que, si bien la parte actora alude a la eficacia suspensiva de la prescripción en función de los telegramas que envió y que la demandada en sus cartas documentos dice que se remontan al 10/12/2014 y 06/01/2015, del contenido de las misivas no surge una intimación concreta de pago de los salarios en cuestión, como para que cobre virtualidad dicho efecto.

Secuela temporal

Por consiguiente, y siguiendo la secuencia temporal, el tribunal concluyó que en que al tiempo de interposición de la presente demanda, ya se había consumado el plazo bienal previsto en el artículo 256 LCT respecto de los conceptos en análisis, y por ende, se encontraban prescriptos.

En cuanto al reclamo de haberes de abril/2015 (27 días), SAC proporcional 1/2015 y vacaciones adeudas 2014, el fallo señaló que se tratan de rubros que integran la denominada “liquidación final” y de legítimo abono por la empleadora por la ruptura del contrato de trabajo, cualquiera sea el motivo que dé lugar a ella.

Así, se recordó que a raíz del distracto acordado por las partes en sede administrativa, se convino el pago de la suma de $175.313,53 por “la indemnización prevista en el art. 212 4to. párr., diferencias de haberes si las hubiere y liquidación final”.

Por consiguiente, el magistrado sostuvo que encontrándose allí contemplada la “liquidación final”, la transacción arribada tiene efecto cancelatorio de los rubros allí involucrados e incluidos y que claramente abarca los aquí pretendidos por la actora.

Autos: “S. M., S. V. c/ Video Drome S.A. - Ordinario -Despido” - Expte. Nº 3611649

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