Rechazan ejecutar un pagaré de consumo porque el comercio omitió el deber de información

La obligación de pago la firmó el demandado para adquirir un electrodoméstico y el negocio demandante no demostró que aquél hubiera sido informado respecto de cuáles eran los términos de la contratación

En virtud de la prueba rendida y el silencio de la accionante frente al requerimiento de integrar el título con la documentación que acreditara el cumplimiento del deber de información del proveedor sobre las condiciones de contratación, ya que el negocio causal fundacional era el crédito para consumo de un electrodoméstico, y como consecuencia el pagaré firmado para su adquisición fue calificado como pagaré de consumo, el Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca Renancó hizo lugar a la excepción de inhabilidad y rechazó la demanda ejecutiva planteada por la firma Pardo SA, y la condenó además por las costas del proceso.

La entidad demandante promovió juicio ejecutivo con base en un pagaré sin protesto, frente al cual el demandado opuso excepción de inhabilidad de título. Alegó que la actora le otorgó un crédito para adquirir electrodomésticos que, paralelamente, también le vendió y que garantizó dicho crédito mediante un pagaré firmado en blanco, sin los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) Nº 24240.

La demandante sostuvo que la aludida defensa era inadmisible por no haber negado la firma inserta en el documento.

Encuadramiento

El juzgado a cargo del juez Lucas Ramiro Funes, al analizar la cuestión y luego de valorar la prueba producida, indicó que el caso trataba de una una relación de consumo y que el demandado era encuadrable con la figura de consumidor, por tratarse de una persona física que adquiere un bien en forma onerosa como destinatario final, siendo indistinto que el beneficio fuera propio, de su grupo familiar o social.

Por otra parte, el magistrado consideró que Pardo SA constituye un proveedor en los términos del artículo 2, LDC, cuando lo califica como una persona jurídica de naturaleza privada que desarrolla -de manera profesional- la comercialización de bienes destinada a consumidores.

Asimismo, el fallo señaló que en la caso el tribunal se encontraba ante un título cartular, con aptitud ejecutiva, y observó que, sin desmedro de ello, se advertía la existencia de una relación consumeril entre una persona humana y una persona jurídica, de lo que se derivaba que se trataba de lo que es llamado en doctrina y jurisprudencia pagaré de consumo.

El juez definió éste como aquel título valor que instrumenta una relación de consumo existente entre partes (consumidor y proveedor), previa a la suscripción del documento y de la cual reconoce su fuente generadora.

Análisis

Al proseguir con el análisis del instituto, el tribunal enfatizó que, en el marco de la relación de consumo, a los proveedores se les imponen deberes, uno de los cuales, el más importante, es el de información al consumidor.

Así las cosas, en la decisión se precisó que el artículo 4 de LDC lo establece como un deber general “suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización”; y agregó que el artículo 36 de la misma ley norma la información que debe suministrarse en las operaciones de venta de crédito.

Bajo esas premisas, Funes observó que la documental adicional para acreditar el negocio jurídico causal que ocasiona la firma del pagaré traído a ejecución, no había sido acompañada por Pardo SA, por lo cual infirió que no se encontraba satisfecho el deber de información que el proveedor legalmente debe observar.

El magistrado destacó que, como conocedor del negocio, quien provee debe cumplimentar dichos aspectos para con el consumidor, a los fines de que pueda éste asumir la obligación con la certeza de lo que efectivamente debe y de qué modo tiene que abonar.

Conclusión

Por lo manifestado, el juez concluyó que lo expuesto precedentemente conlleva a la inhabilidad del título de crédito suscripto en cumplimiento de la obligación originaria existente entre las partes.

En esa dirección, la decisión apuntó que no se trataba de “premiar” a un supuesto incumplidor sino de que la deuda fuera honrada mediante una reclamación idónea, que posibilite el derecho de defensa del consumidor, parte débil de la relación de consumo, cuya legislación ha establecido a su respecto una diferenciada protección, en virtud de su carácter.

En definitiva, en el fallo se resolvió hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado al progreso de la acción instaurada por la accionante, y en consecuencia, rechazar la demanda ejecutiva promovida por la accionante.