Rechazan aplicar multa procesal por presentar demanda de alimentos con firma apócrifa

La Cámara en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso-administrativo de San Francisco, hizo lugar a la apelación de una mujer que accionaba por la cuota alimentaria respecto de la multa que se le había aplicado conjuntamente con su letrada por supuesta inconducta procesal.

Al revocar la sanción, el tribunal estimó que haber presentado la demanda con la firma falsificada de la accionante no se encuadra en lo dispuesto por el artículo 83 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) y destacó que la acción perseguía el pago de alimentos en favor de la hija menor de la mujer.

La alzada -integrada por los vocales Mario Claudio Perrachione, Analía Griboff de Imahorn y Horacio Enrique Vanzetti-, al analizar la apelación, indicó que en el caso el progenitor demandado por alimentos había solicitado la imposición de la multa, tanto a su ex como a la abogada que la patrocinaba, en razón de actuar con una conducta dilatoria y violatoria del principio de probidad y buena fe procesal.

A los efectos de ilustrar la situación, los jueces indicaron que con fecha 24 de noviembre de 2016 la mujer -R. V. G.- inició la demanda de alimentos en cuestión, en contra de J. O. B., a favor de su hija menor L. V., reconocida por el demandado el 7 de junio de 2012, con el patrocinio de la doctora N. J. F., acción refrendada por una tercera persona, cuya firma se encontraba cuestionada.

En tal sentido, el fallo agregó que, con fecha 21 de noviembre de 2016, es decir, antes de la interposición de la demanda, la actora R. V. G. otorgó a su letrada carta poder y que el prosecretario letrado del tribunal certificó su firma.

En la causa, con fecha 24 de abril de 2018 se dictó sentencia, en la que se fijaron alimentos -a cargo del hombre- a favor de la niña, luego de lo cual el apoderado de aquél solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado y que se aplicara la multa en debate, por considerar que la contraparte y su patrocinante actuaron como litigantes maliciosas, con base en una supuesta falsificación de firma, en la que participó la letrada como autora o partícipe necesaria, señalando que constituyen hechos tipificados por la ley penal.

Así las cosas, la cámara analizó que “ si bien es un hecho no controvertido que la actora no se ha agraviado de la nulidad declarada por el juez a quo, lo que impide ingresar a su tratamiento, es claro que la carta poder agregada (...) data de fecha anterior a la iniciación de la demanda, por cual, la sola firma de la apoderada, bastaba para interponerla, más allá de la autoría de la firma inserta acompañando la de la letrada ”.

Asimismo, la decisión sostuvo que “ tampoco es posible perder de vista la naturaleza de la acción que trata de una demanda de alimentos a favor de una hija menor de edad, lo que excluye la existencia de temeridad y mala fe por parte de la actora y su letrada ”.

Derecho

Por lo expuesto, el fallo sostuvo: “ No siendo posible coartar el derecho de acceso a la justicia de la actora para hacer su reclamo, para lo cual precisó de asistencia técnica, para lo que había suscripto una carta poder días antes de la interposición de la demanda, estima que no encuadra la conducta de la actora ni de su letrada en la norma del art. 83 inc. del C.P.C.C, respectivamente, más allá de la oportuna y correcta remisión a la Justicia penal para la investigación de la supuesta comisión de delito frente a la firma existente en la demanda, cuya autoría se desconoce ”.

En consecuencia, los camaristas resolvieron que los agravios de la madre y su abogada debían ser recibidos y la decisión sancionatoria revocada en la parte que impone la aplicación de sanciones por inconducta procesal, que deberá ser rechazada.

En tal sentido, la alzada argumentó que no basta que simplemente con que se argumente sobre la improcedencia o falta de razón en la impugnación impetrada “ sino que debe motivarse sobre la inconducta procesal y puntualizarse fundadamente el deliberado propósito del sujeto de obstruir el desenvolvimiento del proceso o la irrazonabilidad y falta absoluta de fundamento en la conducta desplegada ”.

En definitiva, por las razones apuntadas “ no se manifiestan los recaudos exigidos por el artículo a los fines de la procedencia de la sanción (como la concurrencia indubitable del elemento subjetivo que revele la intención de perturbar el proceso), por lo que en el fallo se ordenó que se revoque la multa impuesta en forma solidaria ”.