Protesta de judiciales, que amenazan con un paro

En la jornada de ayer hubo abandono de tareas, movilización y concentración en el Palacio de Tribunales I. Reclamaron que se reduzca la brecha entre lo que perciben los empleados y los funcionarios. La movilización resintió la actividad tribunalicia.

La actividad en los tribunales de la provincia de Córdoba se vio resentida en la jornada de ayer con motivo de la protesta de los empleados judiciales, quienes reclaman diversas reivindicaciones laborales.

A media mañana, los empleados comenzaron a abandonar los edificios y se movilizaron hasta el Palacio de Tribunales I, lugar que usaron de epicentro para plantear el eje de sus reclamos: el achicamiento de la brecha entre lo que perciben los funcionarios judiciales y los trabajadores y la recomposición de la carrera judicial.

El protesta de ayer se enmarcó en las medidas de acción directa que resolvió la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) la semana pasada, que incluyó cortes de calles y asambleas sorpresivas a lo largo de toda la semana.

El próximo paso será la definición de un paro, explicó a Comercio y Justicia el secretario general del gremio, Federico Corteletti.

“Después de analizar el resultado de estas medidas seguramente convocaremos a una asamblea extraordinaria y podríamos resolver un paro”, remarcó.

La fecha podría concretarse a mediados de este mes, adelantó el gremialista, quien recordó que desde el 23 de febrero no se reúnen con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ni tampoco han recibido respuesta alguna a los planteos que vienen realizando. En este sentido, Corteletti aseguró que el Alto Cuerpo “ya no es un interlocutor válido” con los trabajadores. Los judiciales anhelan desde hace años sentarse en una mesa de discusión salarial en la que participe el Ministerio de Trabajo provincial para discutir salarios como el resto de los empleados públicos.

Los planteos
En lo que va del año, los judiciales han percibido 10% de aumento en sus salarios, porcentaje que está atado a las subas que la Corte Suprema le otorga a sus empleados.

“El 10 por ciento propuesto por la Corte Suprema de Justicia es insuficiente ya que la brecha salarial hoy es del 30 por ciento», puntualizó Corteletti. Cabe destacar que reducir la distancia salarial entre la planta de empleados y los magistrados es un histórico reclamo que se fue profundizando cuando los jueces provinciales lograron mejorar sus remuneraciones, al ser equiparadas en 90 % con las de sus pares federales.

La mejora salarial puede estar sujeta a la devolución de uno por ciento de bonificación por antigüedad, recortado por la emergencia económica en 1995, así como la bonificación por título, aseguran desde el gremio.

La reestructuración de la carrera es otro de los puntos en conflicto. Los judiciales reclaman ascensos para terminar con el “achatamiento de la carrera judicial”, que no es otra cosa que muchos empleados en los escalafones más bajos y menos remunerados del Poder Judicial.

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