Prohíben a un abogado violento acercarse a su familia

Asimismo, la jueza interviniente exhortó al Colegio de Abogados y a la Universidad Nacional de Córdoba a colaborar en la modificación y deconstrucción de roles y estereotipos de género mediante capacitación en la materia

En el marco de un proceso de violencia de género, en su modalidad doméstica, el Juzgado de 2ª Nominación Civil Comercial, Conciliación, Familia y Violencia Familiar y Género de Alta Gracia ordenó, además de la prohibición de acercamiento y comunicación entre el denunciado y su esposa e hijo, que el agresor asista obligatoriamente a tratamientos psicológicos especializados. [privado]

Paralelamente, el hombre deberá capacitarse obligatoriamente en materia de género y, al ser un profesional del Derecho, el fallo exhortó al Colegio de Abogados a que la capacitación referida se extienda en forma obligatoria a todos los letrados, recomendación extensible a la Universidad Nacional de Córdoba, para que incorpore dicha capacitación en la currícula de todo su alumnado, áreas extensivas y público en general.

La magistrada exhortó a las autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba para que la capacitación en materia de género (Ley Micaela), se extienda en forma obligatoria a todos profesionales del derecho, ya matriculados.

La jueza Lorena Calderón valoró la situación del niño G. C. P., conforme las actuaciones incorporadas a la causa, y -en especial- el aporte de la integrante del equipo técnico interdisciplinario de la sede judicial, quien expresa, entre otras cuestiones, que “en relación a la detección de vulnerabilidades en la Sra. M. G. P., se podría inferir que reuniría las características de una persona víctima de violencia psicológica, económica y simbólica, ejercida por el Sr. I. G. C. (…) teniendo especialmente en cuenta que de sostenerse la violencia en cualquiera de sus formas, el niño G. se encontraría expuesto a lo mismo, con graves consecuencias en su vida, por su edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentra (...)”, y que ”el Sr. I. G. C. poseería características que se condicen con quien había ejercido el poder y la dominación en la interacción con su expareja, con inevitables impactos sobre el niño G”.

Manifestaciones

Dicho informe resaltó que ”de las manifestaciones de I. G. C. se puede inferir una clara actitud de negación a asumir ningún tipo de coparentalidad junto a la Sra. M. G. P. en relación a G (...)”, por lo que “se podría inferir que el niño G. C. P., habría sido expuesto a situaciones de alta vulnerabilidad”.

De lo expuesto, la magistrada interpretó que se puede advertir el ejercicio de una violencia predominantemente psíquica o psicológica, aparentemente inconsciente y naturalizada por parte del progenitor hacia su hijo que afectaría el desarrollo del crecimiento de la persona de G., no solamente en un contexto actual, sino de larga data, atento surgir de dicho informe y de las presentes actuaciones una marcada personalidad jerárquicamente dominante del Sr. I. G”.

Consideraciones

Calderón expresó que, atento todo lo remarcado y la legislación pertinente, a los fines preventivos y de resguardar la integridad psicofísica del niño G.C.P., “conforme lo dispuesto también por la ley 9283 de hacer cesar la escalada de violencia a la que se encontraría expuesto el mismo ordenó como medida cautelar, urgente y provisoria este prohibir la comunicación de I. G. C. para con el niño G. C. P. por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar, todo bajo apercibimiento del art. 239 del Código Penal Argentino y el Art. 30 de la Ley 9283, por el plazo de Diez (10) meses”.

El fallo luego ordenó terapia psicológica del agresor, “efectiva y sostenida en el tiempo, a fin de procurar una reflexión por parte del mismo, de su situación, para luego de ello mejorar la relación paterno-filial, a los fines de una revinculación”.

El decisorio emplazó al denunciado I. G. C. a que realice capacitación obligatoria en materia de género –entendido éste como una construcción no biológica sino cultural, social e histórica- en el término de ocho meses a contar a partir de la fecha de notificación de la presente, bajo apercibimiento de astreintes y del Art. 239 del Código Penal”, ordenando a su vez que se ofície al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba.

Ley Micaela

En concordancia con su pronunciamiento, la magistrada exhortó a las autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba para que la capacitación en materia de género (Ley Micaela), se extienda en forma obligatoria a todos profesionales del derecho, ya matriculados.

De igual manera instó a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba a fin de que incorpore esta capacitación en la currícula de todo su alumnado, áreas extensivas y público en general.

La jueza expuso que “la invitación formulada por esta magistrada,es considerada en virtud del lugar trascendental que ocupan ambas instituciones, y con la finalidad que colaboren con dicho aporte a la modificación y deconstrucción de roles y estereotipos de género, históricamente asignados, para lograr una reconstrucción social y cultural con perspectiva de género, y en consecuencia con enfoque de derechos humanos”.

“De esta forma, con el aporte de todos los actores sociales involucrados se acelerará la transformación necesaria e indispensable para alcanzar la igualdad real y efectiva dispuesta normativamente. A tal fin deberán librarse los oficios respectivos, anoticiando a las entidades de la propuesta formulada por el Tribunal”, concluyó la jueza.