Proceso abreviado para indemnización laboral

El tribunal, en grado de apelación, ratificó lo resuelto por el juzgado de Conciliación interviniente mediante el novedoso procedimiento que acota los plazos de los pleitos

Después de interpretar la conjunción de los artículos 212, 4º párrafo, y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba confirmó la resolución del juez de Conciliación, que mediante procedimiento declarativo abreviado (PDA) admitió la indemnización por fin de la relación laboral en contra de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y destacó como principal requisito para ello que el trabajador haya contado con una incapacidad superior a 66% de la total obrera (TO) cuando su contrato laboral se encontraba vigente.

Los vocales Eladia Garnero de Fazio, Patricia Mariana Ledesma de Fuster y Leonardo O. L’Argentiere efectuaron una interpretación de las normas legales invocadas por el recurrente para impugnar lo dispuesto por el a quo.

Al respecto, indicaron que, sin perjuicio de las manifestaciones del apelante en ese sentido en cuanto a que el juez falló alterando los términos de la litis en función de que merituó los hechos fijados en ella como no controvertidos, a saber, el reconocimiento del carácter de dependiente del actor respecto a EPEC, la extinción del vínculo laboral habido entre éste y la empresa por jubilación por invalidez otorgada el 29/3/2022 y la incapacidad total absoluta y definitiva de 70% de la TO del acta de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Provincia de Córdoba, se consideró que el eje central del thema decidendum es la pretensión del actor de la indemnización conferida por el artículo 212, 4° párrafo, LCT, y la postura del apelante, aludiendo al artículo 252, LCT, en su defensa, que dispone que “a partir de la concesión del beneficio (…) el contrato quedará extinguido”, sin obligación del empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

Frente a ello, el tribunal examinó el artículo 212, 4° párrafo, LCT, a fin de dilucidar si le corresponde o no al actor percibir la indemnización derivada de él, para luego resolver si procede o no la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma planteada por el recurrente en el caso particular.

En tal sentido, la sala precisó que “cuando de la enfermedad o accidente se derivare incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245 de esta ley. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto”.

Interpretación

Así, los vocales interpretaron que el cuarto párrafo se refiere al caso en que la incapacidad resulta ser absoluta y permanente, que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que sucede cuanto la disminución psicofísica es de 66% o más de la TO, tomando en consideración lo que decía el artículo 33 de la ley 18037, actualmente artículo 48 de la ley 24241.

De ello se infirió que el trabajador no tiene posibilidad de continuar prestando servicios y se hace acreedor a la indemnización del artículo 245, LCT.

Finalmente, la sala observó que el último párrafo de la norma alude a que los beneficios indemnizatorios del artículo 212 se acumulan con los de otros estatutos especiales y destacó que no son incompatibles, y que convenios colectivos pueden disponer para estos casos. De ello se interpretó que tales serían las derivadas de la ley 24557, jubilación por invalidez u otra proveniente del Código Civil, como por daño moral. Por ello se concluyó que, para que sea procedente, el único requisito es que se haya manifestado la incapacidad durante la vigencia de la relación laboral, ya que lo trascendente es que el contrato siga vigente.

Bajo esas premisas, el tribunal indicó que desde diciembre de 2019 y hasta la extinción del vínculo el actor no prestó tareas porque se encontraba en situación de licencia por enfermedad prolongada hasta el día 29/3/2022, fecha cuando se acogió a los beneficios de la jubilación por invalidez por padecer de una incapacidad de 70%, certificada por junta médica en sede administrativa con fecha 18/3/2022.

De ello se coligió que la incapacidad del actor se convalidó durante la vigencia de la relación laboral, ya que la fecha del distracto quedó fijada el 13/4/2022, cuando EPEC procedió a darlo de baja como empleado y, si bien la incapacidad fue fijada en sede administrativa, no resulta vinculante para el juez al no ser controvertida por la demandada.

En contraposición a ello, el tribunal subrayó que la demandada invoca el artículo 252 en su defensa, el cual sostiene en su parte pertinente: “Concedido el beneficio, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales”, derivando que la manifestación de la invalidez le imposibilitó al trabajador de continuar prestando sus tareas, por lo cual le fue otorgada la jubilación, por lo que lo hace acreedor a la indemnización del artículo 245, LCT, prevista en el artículo 212, 4° párrafo, LCT.

Inconstitucionalidad

Respecto del pedido del recurrente de inconstitucionalidad de este último artículo, se desestimó siguiendo los lineamientos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en “Oviedo Mario Aníbal c/ Empresa Provincial de Energía de Córdoba”, porque “los recaudos exigidos para la procedencia de la indemnización que se cuestiona (art. 212, 4° párrafo) no se superponen con los requeridos para la procedencia del concepto convencional (obtención de la jubilación)… la pretensión del desplazamiento del dispositivo en cuestión sólo trasunta la crítica de su aplicación al caso bajo examen”.

En cuanto a lo invocado por el apelante respecto de que la sentencia en crisis le causa un gravamen irreparable, sostuvo que no se configura en los términos del artículo 94, LPT, ya que esto ocurre cuando no admite una ulterior reparación por la inexistencia de vías recursivas idóneas, lo que no sucede en los presentes porque tal reserva fue efectuada por el recurrente y, en caso que le resultare adverso el resultado del recurso deducido, puede hacer uso de tal remedio procesal.