Por indicios y presunciones, admiten accidente de tránsito y sus daños emergentes

El tribunal entendió que el accionado no respondió a la demanda y que el presupuesto por los perjuicios del rodado del accionante, aunque no fue reconocido por el tallerista, guardó relación con el siniestro

Con la prueba documental aportada por el demandante relativa a la copia del seguro entregada por el conductor demandado luego del accidente de tránsito; esto, sumado a la no contestación de la demanda, la Cámara 1ª Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ratificó la sentencia de primera instancia que tuvo por acreditado el accidente de tránsito y la modalidad relatada por el accionante. Asimismo, al surgir el valor cuanto menos indiciario que puede otorgarse al presupuesto por los daños al vehículo, el cual no fue enervado por el demandado ni por la aseguradora citada en garantía, que no acreditaron el carácter excesivo de los montos mediante el correspondiente peritaje, o su confrontación con los precios informados por otros establecimientos del ramo, se confirmó el monto de condena.

El tribunal a quo hizo lugar parcialmente a la demanda en concepto de indemnización de los gastos de reparación de los daños materiales en el vehículo del demandante, a quien se adjudicó la responsabilidad exclusiva de lo acontecido. Paralelamente, desestimó el reclamo por pérdida de valor venal, privación de uso y daño moral, y extendió la condena a La Mercantil Andina SA, aseguradora que planteó apelación.

La cámara, integrada por los vocales Julio Sánchez Torr es, Guillermo Tinti y Leonardo González Zamar, reseñó que el 1 de abril de 2019, cuando el actor circulaba por calle Asturias al 3200, imprevistamente el rodado del demandado salió marcha atrás desde la vereda de enfrente, de la mano contraria a la del sentido de su circulación, lo embistió y le ocasionó daños materiales. Con la demanda, el demandante acompañó copia escaneada del recibo de cobertura de seguro entregada por el demandado al momento del siniestro.

Según evaluó la alzada, el accionado no negó haber entregado ese instrumento al actor y, ante la falta de prueba que sustentara otra explicación razonable de la tenencia de dicha documentación, adicionando a ello la falta de resistencia a la pretensión, ya que al ser notificado del emplazamiento a comparecer a juicio, tomó conocimiento tanto de la acción como de la documental.

Mero silencio

La cámara sostuvo que si a la imputación de la comisión de una infracción vial concretamente circunstanciada en cuanto a tiempo, lugar y forma de ocurrencia, el demandado se limita a oponer su mero silencio, tal conducta procesal deviene relevante para inclinarse a pensar que el accidente sucedió del modo que afirma el damnificado.

Con ese alcance, advirtió de que la omisión de contestar la demanda en modo alguno puede favorecer la posición procesal del demandado, pues bien pudo ser una estrategia procesal encaminada a evitar reconocer la existencia del hecho.

Los vocales concluyeron que en defecto de prueba directa, las circunstancias apuntadas, valoradas conforme las reglas de la sana crítica racional, conforman indicios graves, precisos y concordantes para presumir que el accidente ocurrió.

Sobre los daños admitidos, el tribunal sostuvo que el presupuesto acompañado por el actor tiene vinculación con el accidente, por lo que no luce contrario a derecho formular una presunción judicial de adecuación entre los importes consignados en ese documento y los valores en plaza, salvo prueba en contrario.

En tal sentido, destacó que, para que el autor pruebe su caso, debe bastar que las características del suceso hayan sido aptas o idóneas para producir un deterioro como el que se invoca, descripto de ordinario en los presupuestos o recibos emitidos por los talleristas, que se acompañan con la demanda; más aún: si tales consecuencias en el automotor guardan razonable vinculación con la índole del accidente, debe considerarse que son efectos de ése, salvo prueba en contrario.

Razones

Por las razones dadas, la cámara rechazó la objeción relativa a que el presupuesto no había sido reconocido por su presunto emisor y que fue confeccionado sin intervención de la apelante. Destacó que el responsable tiene la obligación de reparar el daño desde el momento mismo en que lo produjo y que era carga suya verificar su existencia y extensión.

De ello se derivó que, si no lo hizo, deberá atenerse a los elementos de prueba que obren en el proceso, cuya bilateralidad le permite demostrar la falta de relación causal entre los deterioros expresados en los presupuestos o facturas y el accidente en cuestión, así como la desproporción de los montos allí consignados con los valores corrientes de plaza.

En consecuencia, resolvió que corresponde desestimar el agravio bajo examen y, en definitiva, el recurso articulado, con costas a cargo de la aseguradora perdidosa.