ESCUCHARLa diputada, aliada de Cambiemos, tildó de inconstitucional la iniciativa y planteó objeciones a la cantidad de facultades que pretenden delegarse a la comisión bicameral. También se opuso a un mandato de cinco años para el procurador. Las críticas obligaron al Gobierno a trabajar en modificaciones al dictamen
Con fuertes críticas de las organizaciones civiles, del ámbito judicial y del propio bloque Cambiemos, la posibilidad de que el Gobierno logre la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) está seriamente amenazada y sólo tendrá chances de ser aprobada si finalmente se introducen cambios al dictamen que la semana pasada aprobaron en un plenario las comisiones de Justicia, Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda.
Cuando todo parecía encaminado a que la iniciativa fuera tratada en Diputados, Elisa Carrió salió al cruce del proyecto y, luego de tildarlo de inconstitucional, presentó una serie de observaciones al texto, que ya contaba con los votos del Frente Renovador (FR) para alzarse con la media sanción.
Pero no fue Carrió la única en plantear objeciones a la iniciativa de Cambiemos. También la Asociación de Magistrados de la Nación emitió un comunicado, a última hora, en el que exhortó a los legisladores a que obraran con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la comisión bicameral en las decisiones de gobierno del organismo. «Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó), que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario», sostuvieron los jueces.
En la misma sintonía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) postularon sus reproches.
Cambios necesarios
El límite al mandato del procurador General es uno de los aspectos centrales de discusión del proyecto de reforma. Carrió considera que el mandato no debe durar cinco años -como propone la iniciativa oficialista- sino diez.
El FR, en tanto, promueve que el mandato del jefe de fiscales se extienda a siete años -para que trascienda a un gobierno- y fijar la situación de Gils Carbó en una cláusula transitoria. Pese a todo, ya habían acordado acompañar en general la iniciativa y luego plantear objeciones en la votación en particular.
Restarle facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público es otro de los puntos sobre los cuales trabaja ahora Cambiemos. Para Carrió, la cantidad de facultades delegadas en la Bicameral la transformaría de un órgano de control a uno de revisión y cogobierno. “Con esto, se desnaturalizaría la función del Procurador, que pasaría a depender en forma constante de los legisladores que integren la comisión”, advirtió la diputada en consonancia con lo expuesto por otros sectores.
Para evitar esta situación, trascendió que la alianza Cambiemos estaría dispuesta a que el traslado de fiscales sólo deba ser notificado a la bicameral, sin requerir su aprobación.
También se podría quitar del proyecto la exigencia de antigüedad de cinco años como fiscal para encabezar una procuraduría, o mantener las unidades que investigan AMIA y la de violencia contra las mujeres. La obligación de retornar en 48 horas a su lugar de origen a los fiscales trasladados podría también modificarse.
Cabe recordar que el dictamen aprobado la semana pasada estipulaba que la Comisión Bicameral podría revisar los nombramientos de los fiscales de distrito, proponer fiscales para distintos cargos y convocar y aprobar concursos públicos. Además, con aprobación de la comisión bicameral, el Consejo General podría decidir el traslado de cualquier fiscal y también promover el juicio político contra cualquier funcionario del MPF.
