Pidieron duras penas por “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país”

En el marco de la novena y última audiencia de alegatos de la acusación, la fiscalía reclamó el decomiso de más de cinco mil millones de pesos sobre los bienes de los encausados, por el fraude en el otorgamiento de 51 obras al empresario Báez. Peticionó 12 años de prisión para Fernández de Kirchner y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”, planteó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) el fiscal Diego Luciani en la primera audiencia de alegatos en el juicio “Vialidad”, el 1 de agosto pasado.

Ayer, en el marco de la novena y última, insistió con la inusitada gravedad de lo sucedido y dijo que se trató de “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país”.

Bajo esa premisa, reclamó que a Fernández de Kirchner se le impongan 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como líder de una asociación ilícita.

Antes, su par, Diego Mola, aseguró que el fraude contra el Estado que se motorizó con la concesión irregular de 51 obras públicas a empresas de Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos (unos 926 millones de dólares).

Al cerrar su alegato, Luciani pidió el decomiso de aquella suma sobre los bienes de los acusados, mediante prorrateo, así como el de las empresas de Báez y de 12 estancias adquiridas por él y por sus hijos, con destino a instituciones de bien público, para “equilibrar el perjuicio de los graves delitos”.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde”, enfatizó ante el TOF2.

“Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, añadió.

Agravantes

Como agravantes para solicitar la condena de la vicemandataria, el agente tomó en cuenta la magnitud de los delitos cometidos; que su aporte fue principal; su poder de dirección para el resto de los acusados y los medios empleados.

También apuntó a la búsqueda de “lucro personal” y al “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Además, ponderó el “desprecio” a la ciudadanía en general, por dilapidar fondos públicos; a los ciudadanos de Santa Cruz en particular, porque no tuvieron las obras prometidas, y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo cuando la encausada finalizó su segundo mandato como jefa de estado y Báez dejó de operar.

“No encuentro ni un solo atenuante para Fernández Kirchner ante los crímenes cometidos”, enfatizó.

Presidente

En el tramo final de su alegato, Luciani fustigó a Alberto Fernández. Concretamente, cuestionó su afirmación de que las contrataciones de obra pública no son materia revisable por la Justicia y juzgó que cuando expresiones de ese tenor proceden del propio presidente, como sucedió en el debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro.

En esa dirección, valoró que para “defender puerilmente a su compañera de fórmula” Fernández intentó correr el foco de la discusión y “evitó hablar de los hechos probados en el caso”.

“Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, enfatizó el agente, en referencia a una entrevista que Fernández dio en 2016 , poco después de la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, intentando dejar nueve millones de dólares en bolsos en un convento.

Asimismo, aclaró que no se debe confundir al Estado como víctima de la cartelización con los funcionarios que pueden aprovecharse de ella. “Es llamativo escuchar que el Presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental”, dijo.

Vulnerables

En el cierre de su alocución, el fiscal vinculó directamente la corrupción con la pobreza y la vulneración de los derechos humanos.

“La corrupción dejó de ser un tema de agenda política, se optó por eludirlo y se evitó hablar de las consecuencias”.

(Diego Luciani sobre los roles de la OA y de la UIF)

“Fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron más perjudicados. Departamentos, campos, estancias, todos estos recursos podrían haberse destinado a proveer salud, seguridad, justicia”, manifestó.

“Fernández de Kirchner desafió a este tribunal al afirmar ‘a mí me absolvió la historia’. Esto es una clara falacia, pues son justamente los jueces los que deben garantizar el funcionamiento de las reglas constitucionales”, agregó Luciani.

“No puede admitirse en el derecho argentino una categoría de actos que no son susceptibles de ser revisados por un tribunal”, concluyó.

OA y UIF

Luciani volvió a cuestionar los roles de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el caso.

Cabe recordar que cuando Fernández asumió la presidencia, paulatinamente, la OA dejó de ser querellante en todas las causas por corrupción en curso, incluida Vialidad, y que la UIF resolvió no acusar.

Para el fiscal, esos pasos demostraron “un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar” los delitos bajo análisis en el debate ante el TOF2.

Paralelamente, disparó: “Algunos altos funcionarios del Gobierno actual se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de corrupción como el único fin de menoscabar al Poder Judicial”.

“Ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.

(Diego Luciani sobre Fernández de Kirchner).

“La misma imputada Fernández Kirchner desafió a este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que es el Poder Judicial el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en cumplimiento de garantías constitucionales”, subrayó.

Luciani cerró su alegato aseverando que cuando se cometen crímenes de corrupción se violan los derechos humanos

“La corrupción afecta el Estado de Derecho”, sostuvo. “Los gobernantes deben rendir cuentas de sus funciones”, añadió.

Organizadores

La fiscalía también acusó al empresario Báez; al ex secretario de Obras Públicas López; al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública. Para ellos solicitó penas de entre 12 y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la ex presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, alegó.

Al resto de los imputados lo acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y peticionó sanciones de entre seis y cuatro años de prisión. Se trata de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y de Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Defensas

El juicio continuará el próximo 5 de septiembre, con los alegatos de las defensas.

No obstante, hubo incertidumbre al respecto porque el letrado de la vicepresidente, Carlos Beraldi, formalizó el pedido que su asistida anunció por la red social Twitter, para ampliar su declaración indagatoria hoy.

“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, escribió la acusada.

Sin embargo, cuando terminó la intervención de la Fiscalía, y luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del TOF2 informó que no se haría lugar al pedido de la ex mandataria.

Una vez que la Fiscalía finalizó su alegato, el presidente Alberto Fernández emitió un polémico tuit. “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”, escribió.

“Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes”, opinó el ministro de Economía Sergio Massa en su cuenta oficial de Twitter sobre el pedido de penas en Vialidad.

Empresas

Luciani pidió investigar a las firmas Petersen Esuco y Equimac, que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias, para simular la existencia de competencia con las de Báez.

También solicitó extraer testimonios para investigar el proceso licitatorio del hospital materno infantil de Río Gallegos y “de todos los posibles ilícitos” que surgen del teléfono de José López, ex secretario de Obras Públicas.