Piden que prospere el amparo de un gendarme pasado a disponibilidad

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la medida no está prevista en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas para el tipo de conducta que se le reprochó al actor. Consideró que se violaron los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo y que se conculcó el derecho constitucional a la protección del empleo

Fabián Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso-administrativo Federal Número 8, dictaminó que debe admitirse la acción de amparo promovida por un agente de la Gendarmería Nacional (GN) y que, consecuentemente, se deje sin efecto su pase a disponibilidad y se le reintegren los haberes que se le retuvieron durante un proceso disciplinario iniciado en febrero de 2020.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó su opinión ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su turno, un suboficial mayor de la Agrupación VIII Catamarca cuestionó la decisión del segundo comandante de la unidad de iniciarle un proceso disciplinario por una falta considerada grave y, en consecuencia, pasarlo a disponibilidad sin darle funciones, por lo cual desde ese momento dejó de percibir más de 45 por ciento de su salario.

Canda sostuvo que no está prevista en la ley la sanción impuesta al amparista en el proceso disciplinario por una falta grave.

En esa línea, precisó que aquélla cabe para las faltas consideradas gravísimas, según surge del juego armónico de las normas que regulan la actividad de esta fuerza de seguridad: las leyes Nº 19349 Orgánica de la Gendarmería Nacional y Nº 26394 Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

El funcionario remarcó que el artículo 31 de la última norma establece la suspensión inmediata del servicio del presunto infractor únicamente, cuando se trate de procedimientos por faltas gravísimas, no así para faltas leves y graves.

El fiscal explicó que en la medida que la GN instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario por falta grave, esa decisión no implicaba el apartamiento inmediato del servicio efectivo de los presuntos infractores, según lo prescripto en el Código de Disciplina. Remarcó que, por ello, la situación de revista del amparista no podía encuadrarse inmediatamente en el supuesto previsto para la puesta en disponibilidad, toda vez que durante la investigación el ordenamiento jurídico no imponía mantenerlo sin asignación de funciones.

Citó en extenso el artículo 34 decreto 2666/12, reglamentario del Código de Disciplina de las FFAA, que en su segundo párrafo prevé: “Si en el transcurso de la información, por las constancias fehacientes de la información, se advirtiera que la conducta podría encuadrarse como una falta disciplinaria grave o leve o cuando se estableciera la inexistencia del hecho o de responsabilidades del presunto infractor en los mismos, la suspensión deberá cesar en forma inmediata”.

Canda explicó que en la medida que la GN instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario por falta grave, esa decisión no implicaba el apartamiento inmediato del servicio efectivo de los presuntos infractores, según lo prescripto en el Código de Disciplina.

Remarcó que, por ello, la situación de revista del amparista no podía encuadrarse inmediatamente en el supuesto previsto para la puesta en disponibilidad (establecida en el artículo 64, inciso b, apartado 1 de la ley 19349), toda vez que durante la investigación el ordenamiento jurídico aplicable no imponía mantenerlo sin asignación de funciones.

Por tales motivos, concluyó que la medida adolece de graves y manifiestos vicios de objeto, causa y motivación, contrariamente a lo exigido por el artículo 7 de la Ley Nº 19549, de Procedimiento Administrativo, por lo que, de forma ilegítima, afecta derechos fundamentales vinculados a la protección del empleo en todas sus formas, tutelados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Por otro lado, señaló que en lo que concierne a la reducción de haberes, respecto de lo cual la GN informó que, al encontrarse en disponibilidad, el actor no reúne las condiciones necesarias para percibir la totalidad de su ingreso, Canda recordó que la jurisprudencia del fuero tiene dicho que una fuerza de seguridad no puede válidamente dejar de pagar durante la substanciación del sumario sin un acto administrativo que disponga la baja definitiva del uniformado.

“Debe ponderarse la naturaleza alimentaria de los créditos reclamados y su relevancia en el marco de los derechos vinculados a la protección del trabajo en todas sus formas, que goza de preferente tutela constitucional”, subrayó y añadió:

“La reducción de haberes denunciada impresiona también como un acto ostensiblemente ilegítimo, debiendo por ello ordenarse el restablecimiento de tales rubros”.