Piden juicio político a fiscales y juez de la causa por desaparición y muerte de Arruga

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó hoy que la causa por la desaparición y muerte de Luciano Arruga lleva 14 años «sin respuestas» por parte del Poder Judicial, por lo que volvió a pedir juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez Gustavo Banco por «estancamiento y las conductas que tuvieron durante la investigación».
«La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción», advirtió el organismo de derechos humanos en un comunicado y manifestó que «el juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco está estancado».
El organismo recordó que ya había reclamado ese proceso y también lo hizo la familia de la víctima en 2012 y 2013: «Denunciamos y pedimos juicio político por las conductas que habían tenido durante la investigación por la desaparición de Luciano».
Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009. Tenía 16 años y vivía en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Su cuerpo fue encontrado e identificado en 2014, luego de permanecer enterrado como NN en un cementerio.
«La causa judicial que tiene que investigar y esclarecer su desaparición y su muerte continúa en etapa de instrucción», subrayó el CELS y sostuvo que «catorce años después, seguimos sin saber qué es lo que le pasó a Luciano esa noche».
El 22 de septiembre de 2008, Luciano había sido torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Por ese hecho en 2015 fue condenado el expolicía bonaerense Julio Torales a 10 años de prisión.
El pedido de juicio político por parte de CELS llegó después que la fiscal Castelli delegó la investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que integrantes de esta fuerza habían hostigado y torturado a Luciano Arruga y que la principal hipótesis de la causa es que participaron en su desaparición.
Asimismo, explicaron que la fiscal Cejas «pidió la intervención de los teléfonos de la mamá y la hermana del adolescente, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, y de otros familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo.
«Recién en 2019 el sumario del pedido de juicio político concluyó. Solo la familia de Luciano y el CELS avanzamos con la acusación. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desistieron de continuar con el proceso», denunciaron desde el organismo.
Por este motivo, desde el CELS indicaron que «pidieron en varias oportunidades que se declare admisible la acusación y se realice la audiencia de juicio contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco».
«En todo este tiempo, el Estado no dio respuestas sobre el caso y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia», concluyó.