ESCUCHAREl fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó se cite a prestar declaración indagatoria a un capitán del Ejército Argentino por abuso de autoridad y maltrato a una mujer de rango jerárquico inferior. En el pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que el acusado maltrató y perjudicó arbitrariamente a la ahora ex cabo “mediante la reiteración sistemática de actos hostiles y humillantes mientras el nombrado se desempeñó como su autoridad superior jerárquica en el Batallón Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé del Ejército Nacional Argentino, durante el mes de junio de 2018, y su traslado a Curuzú Cuatiá, Corrientes, en el año 2019”.
De acuerdo con el dictamen, el acusado realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas y de índole sexual a la víctima, tanto de manera verbal como escrita a través de WhatsApp. Luego, comenzó a ordenarle que realice tareas laborales fuera del horario establecido, cuando ambos se quedaban a solas durante la noche. Para Rodríguez, esa actitud, “además de reflejar un hostigamiento de índole laboral por su exceso y abuso, constituye un comportamiento a todas luces intimidatorio para una joven mujer en relación de subordinación laboral en el contexto castrense”.
Para el fiscal, los efectos producidos por el accionar del acusado son los daños psicológicos acreditados en los informes del Hospital Militar, como también la pérdida de trabajo de la víctima.
De acuerdo con el representante del MPF, los relatos del personal médico encargado del tratamiento fueron coincidentes en que el motivo del estado emocional de la víctima era consecuencia del maltrato recibido, y concluyeron que, una vez recibido el alta, podría regresar a sus funciones, lo que ocurrió en marzo de 2019, cuando fue diagnosticada “apta todo servicio”. Sin embargo, la Junta Médica Militar y la decisión del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, tomadas en un solo encuentro, fueron contrarias a esta indicación.
Perspectiva de género
El fiscal Rodríguez remarcó que “las características, formas y contexto en los que se desplegaron los actos de maltrato y perjuicio llevan necesariamente a abordar investigación desde un enfoque laboral y de género”.
Al respecto, Rodríguez destacó los compromisos que el Estado nacional asumió con el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a las agencias estatales a contribuir en la erradicación de las situaciones de acoso, discriminación y maltrato en las relaciones laborales, los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. Para el fiscal, la «cultura organizacional» del Ejército Nacional Argentino «presenta ciertos rasgos que agravan para las mujeres las situaciones de acoso laboral”. En su dictamen, subrayó que “los actos descriptos se encuentran a todas luces determinados por la condición de mujer de la víctima (…) Los comentarios y actitudes por parte del acusado se referían, precisamente, a características físicas de la corporalidad femenina y a cuestiones que culturalmente constituyen roles estereotipados”.
