Perspectiva de género: ordenan pagar pensión no contributiva a joven trans

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tuvo en cuenta la extrema vulnerabilidad de la amparista, quien padece HIV, vive en una precaria vivienda y no tiene trabajo. Los jueces consideraron que, en este caso específico, no sólo debe considerarse que se cumpla el porcentaje de incapacidad laboral que prevé la normativa vigente

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó otorgar una pensión no contributiva a una persona trans, pese a que no cumplía con los requisitos formales que prevé la normativa aplicable en estos casos. [privado]

El fallo, al que accedió Comercio y Justicia, fue suscripto por los jueces Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, quienes, con perspectiva de género, resolvieron que, aunque la amparista no contaba con 76% de incapacidad laboral, debía igualmente acceder al beneficio de la seguridad social.

En los considerandos del fallo, se tuvo en cuenta la precaria situación socioeconómica de ella: una persona trans, portadora de HIV quien, además, padece hepatitis A, sífilis y toxoplasmosis e infecciones producto de la silicona que se inyectó en diferentes partes de su cuerpo. A esto se suma un cuadro depresivo.

Según constató la Justicia, la persona, de 30 años de edad, atravesó desde su infancia situaciones de carencia económica y de contención emocional en su ámbito familiar y ejerce desde su adolescencia la prostitución. En la actualidad convive con una amiga en una vivienda precaria.

Respecto de sus ingresos económicos, se corroboró que luego de decretado el aislamiento obligatorio, éstos cesaron por completo por la imposibilidad de ejercer su actividad, situación que la llevó a vender objetos personales y solicitar “fiado” en el mercado del barrio a los fines de alimentarse.

Incapacidad social

En este contexto, los camaristas entendieron que la resolución “debe ponderar no sólo la incapacidad física de la persona sino también la incapacidad social”. Navarro recordó que esta persona trans se encuentra en una sociedad que “la excluye por su identidad de género y que, por las condiciones médicas que la aquejan, difícilmente podrá acceder al mercado laboral que tanto ansía”.

“La situación de necesidad de asistencia de la amparista no puede ser desoída, ya que ello conllevaría juzgar de manera ciega y basada en estrictos rigores formales, situaciones que demandan de los sentenciantes una sensibilidad social de mayor envergadura”.

Liliana Navarro, camarista

Para la camarista, “no es posible sustraerse de considerar que, más allá de los deseos y la voluntad de la actora de conseguir un empleo en el mercado laboral formal, su situación de marcada vulnerabilidad minimiza las posibilidades de acceso a él, al punto tal de resultar (las posibilidades) inexistentes en la realidad”.

El fallo también tuvo en cuenta la particular situación que atraviesa el país y el mundo producto del covid -19.

Al dar continuidad a este razonamiento, se puntualizó que “el objeto del presente proceso excede los estándares establecidos por la normativa citada, que condicionan el acceso a la tuición estatal a un porcentaje de incapacidad biológica específico, ya que esto luce insuficiente para dar efectividad a la protección de la vida, la salud y la dignidad de grupos como los que integra la actora, claramente vulnerable y objeto de tutela por parte de todos los poderes del Estado”.

Navarro agregó que la situación de necesidad de asistencia de la amparista no puede ser desoída, ya que ello “conllevaría juzgar de manera ciega y basada en estrictos rigores formales, situaciones que demandan de los sentenciantes una sensibilidad social de mayor envergadura”.

Perspectiva de género

La jueza recordó que juzgar con perspectiva de género no resulta una “opción” y mucho menos una “cuestión” que debe ser introducida o solicitada en la demanda. “Juzgar con perspectiva de género es un imperativo moral y ético que ha sido instituido y reglamentado internacionalmente, al cual nuestro país ha adherido por resultar indispensable a los fines de alcanzar un parámetro de justicia que no se quede sólo en la letra de la ley sino que trascienda hacia los justiciables en concreto”, resaltó la resolución. Agregó que “la existencia de un derecho social como derecho pleno no depende únicamente de la conducta cumplida por el Estado sino también de la existencia de un Poder Judicial al cual pueda acudir el titular del derecho en caso de incumplimiento de la obligación debida”.

Así las cosas, la Sala B de la Cámara Federal resolvió hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, revocar la sentencia emitida por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba y ordenar al Estado que, en el plazo de 10 días hábiles, conceda la pensión no contributiva solicitada con el consecuente pago de manera mensual. [/privado]