Peligrosidad eventual no puede fundar negativa a que cese medida de seguridad

El TSJ reiteró que la Ley de Salud Mental fija el criterio para analizar cada caso. También enfatizó que el hecho de que la patología de base del paciente sea irreversible no es el único factor a considerar y le ordenó al juez de Ejecución que gestione el alojamiento del paciente cerca de su grupo familiar. [privado] L La Sala Penal del TSJ hizo lugar a la casación deducida por la asesora letrada de Villa María, Silvina Muñoz, representante promiscua de R.R., en contra de lo resuelto por el juez de Ejecución de esa ciudad, en cuanto resolvió mantener la medida de seguridad impuesta al interno. En mayo de 1992 se dispuso el sobreseimiento de R.R. a tenor del artículo 34, inciso 1, del Código Penal, y se ordenó su internación en el Hospital Doctor Emilio Vidal Abal, de Oliva. En tanto, desde 2002 el paciente está alojado en una Unidad Penitenciaria bonaerense. Con base en las conclusiones de la pericia psiquiátrica, conforme a la cual R.R. presenta un trastorno delirante tipo persecutorio con antecedentes de abuso de sustancias psicoactivas y descompensaciones psicóticas, el a quo denegó el cese de la medida de seguridad solicitado por la recurrente. Entre sus agravios, la asesora alegó que, si bien el artículo 34, inciso 1, del CP no fue derogado ni modificado, quedó desajustado frente a las directrices internacionales y por la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (26657). Informes En esa línea, planteó que en el caso no se acreditó la existencia de un riesgo inmediato o inminente para su asistido o terceros y que tampoco se descartó la existencia de alguna medida menos gravosa. También objetó el hecho de que , sin procurar dar una respuesta adecuada a su reclamo, el magistrado descartara el contenido de los diversos informes proporcionados por los equipos terapéuticos solicitando el cese de la medida, sin perjuicio de que, siguiendo la indicación de los profesionales y en atención a la situación de vulnerabilidad de su defendido, quien lleva más de 20 años de encierro, prosiga internado –bajo la órbita Civil- en una institución de salud de la provincia de Córdoba. A su turno, la Sala reiteró que las medidas de seguridad están guiadas por los postulados de mínima suficiencia, razón por la cual sólo resultan procedentes ante el supuesto de peligrosidad futura para bienes jurídicos y en la medida en que sean la única alternativa posible ante un riesgo grave de daño inmediato o inminente para terceros, y limitadas al tiempo estrictamente necesario para hacer cesar esa situación. En ese orden, reseñó que la ley 26657 tiene por objeto asegurar la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de quienes tienen padecimientos psiquiátricos; que establece que la internación involuntaria debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y que sólo podrá concretarse cuando a criterio de los expertos mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. “El control judicial de las medidas de seguridad impuestas a inimputables adultos por enfermedad mental, a tenor del artículo 34, inciso 1, del CP, debe realizarse teniendo en cuenta los criterios que, inspirados en directrices internacionales, guían la normativa específica”, enfatizó el Alto Cuerpo. Principio de lesividad Por otra parte, subrayó que un Derecho Penal liberal que reconoce siempre un límite en el principio de lesividad pone en crisis la admisión de medidas como la analizada. “El peligro de daño a sí mismo podrá sustentarse en medidas asegurativas no penales, como son las del Derecho Civil”, acotó. El tribunal, integrado por Aída Tarditti -autora del voto-, María Marta Cáceres de Bollati y Luis Rubio, advirtió que al denegar el cese de la medida el a quo se basó en la peligrosidad potencial del paciente, conforme lo señalado en la pericia psiquiátrica que le fue efectuada en noviembre de 2013, la cual, además, consideró indicado continuar con un tratamiento de internación. Directrices Conforme las directrices internacionales que guían la normativa específica, los lineamientos fijados por la jurisprudencia y tomando en cuenta que R.R. no experimentó salidas u otros mecanismos y estrategias que promovieran su revinculación con su familia y su comunidad de origen, dado los años que lleva alejado de ella, concluyó que a los fines de poder instrumentar objetivos de tratamiento tendientes a hacer efectivos abordajes ambulatorios y, finalmente, el cese la medida de seguridad, era necesario restablecer su relación con sus allegados. “Esta situación de encierro de larga data, intensificada por el desapego con sus vínculos afectivos, impidió e impide que se lleven adelante estrategias tendientes a favorecer su resocialización, dato que obstaculiza la posibilidad de un tratamiento ambulatorio o el alta hospitalaria”, precisó la Sala, detallando que así lo señaló el equipo interdisciplinario tratante. En esa inteligencia, resaltó que la peligrosidad eventual asentada en una patología irreversible de base no puede ser la única razón fundante para denegar el cese de una medida de seguridad, dado que se estaría haciendo referencia a un criterio sine die que se contrapone con los principios constitucionales que rigen en la materia. Además, el TSJ criticó en su fallo que el Tribunal de Ejecución omitiera pronunciarse en los numerosos pedidos de traslado de R.R. a Córdoba y, por consiguiente -y hasta tanto se logre articular un tratamiento que conlleve el cese de la medida- le ordenó que gestione y resuelva, con carácter urgente, el alojamiento del interno en un centro hospitalario cercano al lugar donde reside su familia. [/privado]

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