Paridad de género en sociedades: la Cámara Nacional en lo Comercial cuestionó a la IGJ

En un acuerdo extraordinario de todos sus miembros, el tribunal rechazó el proceder del organismo presidido por Ricardo Nissen, que dispuso avanzar con la medida a pesar de que había sido frenada en agosto por una sentencia de la Sala C, que admitió el planteo de una empresa de transporte

En un acuerdo extraordinario de todos sus integrantes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cuestionó el proceder de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desconoció un fallo de la Sala C que frenó la implementación de la paridad de género en las asociaciones civiles nuevas y avanzó al respecto.

En el primer punto de la acordada, el tribunal manifestó su rechazo a todo acto que se aparte del recto ejercicio de las atribuciones que el orden institucional consagrado por la Constitución Nacional (CN) le impone a cada poder del Estado.

Cabe recordar que a comienzos de agosto, la IGJ, encabezada por Ricardo Nissen, publicó resoluciones generales para establecer la igualdad de género en los directorios de las personas jurídicas.

Según esas normas, las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración -y, en su caso, en el de fiscalización- “una composición que respete la diversidad de género”.

Cuando la IGJ emitió las resoluciones que la Justicia dejó sin efecto luego, sus críticos argumentaron, entre otras aspectos, que podría haber instrumentado medidas desde el estímulo, eximiendo de los gastos de timbrados o dando prioridad a los trámites de las sociedades comerciales o entidades civiles con paridad en sus órganos de dirección.

Así, establecen que aquéllos deberán estar integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que masculinos.

En tanto, aclaran que cuando la cantidad de puestos a cubrir fuera impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de mujeres.

El sector privado rechazó las resoluciones y, en el marco de la causa “Inspección General de Justicia c/ Línea Expreso Liniers SAIC s/ Organismos Externos”, la empresa apelante, dedicada al transporte público de pasajeros, sostuvo que utilizando como argumentos el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminar por razones de género, la IGJ impuso una condición en la conformación de órganos que no surge de la ley.

También alegó que la obligación descarta a otros postulantes por el solo hecho de no pertenecer al grupo tutelado, postergando otros colectivos que podrían encontrarse en similar grado de vulnerabilildad.

Potestades

La firma agregó que las potestades administrativas no son absolutas e ilimitadas sino razonables y tasadas en su extensión por el propio ordenamiento jurídico, que acota sus límites y precisa su contenido.

La Sala C de la cámara admitió el planteo y dejó sin efecto las resoluciones 34 y 35 de la IGJ.

El tribunal consideró que el organismo que comanda Nissen adoptó medidas de “discriminación inversa” que, aunque inspiradas en loables propósitos, alteraron la regulación establecida en la Ley de Sociedades.

En esa línea, manifestó que las resoluciones en cuestión no pueden implementarse porque el “mecanismo de compensación” que conciben para proteger a las mujeres implicó una alteración de la ley y excedió las facultades reglamentarias de la IGJ.

Derechos de fondo

“Las normas en cuestión regularon derechos de fondo en términos que no podían ser dispuestos de ese modo, ya que, determinar si el mecanismo adecuado para proteger a las mujeres es el de fijar cuotas que garanticen su participación, cuál es la medida a asignar a esas cuotas, cuáles son los sujetos que deben aplicarlas -o si para todos da lo mismo- y cuáles son, en su caso, las consecuencias de su incumplimiento, remite a atribuciones que deben considerarse del Congreso”, enfatizó la Sala C.

Acotó que la regulación societaria tiene por norte, no el cuidado de los derechos de quienes administran o fiscalizan personas jurídicas -en el caso, los de las mujeres-, sino los de la sociedad destinataria de la gestión, los de sus socios y los de los terceros, y enfatizó que “esos derechos se protegen imponiendo a los integrantes de los órganos obligaciones de medios, que, en tanto fundadas en la confianza que en ellos se tiene y en los estándares de lealtad y diligencia que se les imponen, deben considerarse intuitu personae, todo lo cual, por lo menos, genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”.

“La llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo y, si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ el grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”, explicó.

Juicio político

En lugar de continuar el trámite ante la Justicia, el organismo que preside Nissen dio más pasos administrativos para sortear el fallo. Decidió que interviniera el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y puso los antecedentes del caso a disposición del Poder Ejecutivo “a los efectos de que tomen la eventual intervención que estimen corresponda, conforme a sus competencias respectivas”.

Además, promovió el juicio político de los magistrados de la Sala C y Nissen avanzó con una nueva resolución.

Ahora, todos los integrantes de la cámara suscribieron una dura acordada y se centraron en el obrar de Nissen.

Señalaron que la resolución general 12/21, mediante la cual, unilateralmente, el funcionario le negó eficacia a un fallo dictado por el Poder Judicial de la Nación y ratificó la vigencia de actos administrativos de su autoría que el pronunciamiento jurisdiccional invalidó, constituyó “un inocultable desconocimiento” de la autoridad ejercida por los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, toda vez que “el acierto o desacierto de lo actuado por ellos no puede ser juzgado ni puesto en tela de juicio por una resolución administrativa”.

“Es principio recibido que las autoridades de toda jerarquía, sea nacional o local, no pueden trabar, turbar ni desconocer, en forma alguna, la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación, debiendo cumplir con el deber de acatamiento que sobre ellas pesa”, continuaron