ESCUCHARUn tribunal de Río Negro sancionó a los progenitores, luego de revisar los informes profesionales que corroboraron el castigo físico y psicológico al que sometían al menor de edad
El Juzgado de Familia de Cipolletti, provincia de Río Negro, sancionó a un hombre y a una mujer a pagar una multa equivalente en cuatro salarios mínimos por el maltrato físico y psicológico que ejercieron sobre su pequeño hijo.
La causa se inició porque el padre y la madre se encuentran separados y, ante la imposibilidad de un acuerdo, iniciaron ante el Juzgado N°5 de la mencionada ciudad un expediente para determinar la modalidad del cuidado personal del niño.
En esa instancia, informes del Equipo Interdisciplinario del juzgado y de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) arrojaron que el menor padeció violencia por parte de ambos.
Las profesionales intervinientes advirtieron la existencia de una “triangulación de los conflictos parentales” con sintomatologías de crisis, desbordes emocionales y sufrimiento psíquico y añadieron que el niño, además, había declarado que padecía violencia física.
El titular del tribunal detalló que «los progenitores no han medido las consecuencias que provocarían en el psiquismo del niño, actuando de modo desaprensivo, priorizando sus intereses de adultos, por sobre los de quien debían proteger» y, además, «convirtieron al grupo familiar que conformaron en una familia crónicamente violenta y abusiva».
En esa dirección, el magistrado aludió que los niños que aprenden en sus hogares modelos de relaciones violentas, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones, perpetuándose el problema y destacó que “ninguna buena conducta puede esperarse de un niño cuando arribe a la adultez, si quien debe protegerlo, lo castiga física o emocionalmente”.
En ese marco, el fallo subrayó que el menor, en atención a su corta edad, «no ha alcanzado aún el desarrollo madurativo necesario para poder «defenderse» de dicho ataque a su integridad, tanto físico como psíquico».
Por todo lo expuesto, el tribunal de Familia sancionó económicamente a los progenitores quienes deberán abonar el total de cuatro salarios mínimos, con el objetivo de hacer cesar los actos de violencia.
