Otro caso: un banco no le podrá descontar un crédito a un jubilado

Confirmaron la medida cautelar dictada en primera instancia para que el BNA se abstenga de descontar un préstamo que le solicitaron en forma ilícita

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó la apelación interpuesta por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y ratificó que la entidad debe abstenerse de descontarle a un jubilado a víctima de un engaño telefónico a quien le solicitaron un préstamo, el monto de esa operación fraudulenta.

En la causa “Inc. de Medida Cautelar en autos: Picco, David Antonio c/ Banco de la Nación Argentina s/ Daños y Perjuicios”, el juez de grado hizo lugar a la cautelar solicitada por el damnificado ordenando a la sucursal Punta Alta del banco que se abstenga de efectuar los descuentos que se realizan en la cuenta bancaria de titularidad del actor, originados por el préstamo obtenido a través del servicio de homebanking de dicha entidad por la suma de $380.000, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.

Para el a quo, se cumplieron todos los requisitos que habilitarían el dictado de la medida, lo cual fue objetado por el BNA, afirmando que -para resolver como se hizo- se consideró verosímil el relato del actor y prima facie arbitraria la conducta del banco, en cuanto persiste en el descuento de las cuotas correspondientes al crédito impugnado pese a estar en conocimiento de la situación.

Antecedente

Según el banco, este caso no es similar al antecedente sobre el cual se asentó el juez a quo para resolver -“Reimondi”–, atento que en esta causa queda bien claro la forma y el modo en que el damnificado ha entregado sus claves a un tercero desconocido sin haber tenido el mínimo reparo y violando totalmente sus deberes como usuario de las mismas.

En instancia de cámara, los jueces Roberto Daniel Amabile y Pablo Candisano Mera confirmaron la sentencia citando la ley 24240 (LDC), que ha previsto vías administrativas y judiciales en resguardo de los derechos de los consumidores, cuya tutela constitucional quedó explicitada luego de la reforma de 1994.

La norma dispone que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos”.

Vínculo

Los camaristas consideraron que “el vínculo jurídico que une a las partes es una relación de consumo en la que el apelante reviste la calidad de proveedor en los términos del artículo 2 de la ley 24240 y 1093 del CCyC, con lo cual pesaría sobre él una obligación expresa de seguridad y garantía respecto de los usuarios con los que ha contratado, que le impone prestar el servicio de forma tal que no le cause daños a estos, tanto en su persona como en sus bienes”.

Se señaló que, en contraposición, el usuario tiene una razonable expectativa que las operaciones sobre su cuenta se realizarán en un entorno seguro para él y sus bienes e indicaron que el peligro en la demora se encuentra acreditado en la trascendencia económica de los montos descontados de los ingresos, ya que el damnificado recibe un dinero que reviste carácter alimentario y que supera por poco los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Según los magistrados “esto torna aún más evidente el perjuicio que se genera y releva de mayor análisis acerca de la superioridad económica que detenta el banco frente al actor”.