Ordenaron revisar expulsión de un ciudadano venezolano procesado por venta de drogas

Lo dispuso por mayoría la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Anuló la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 5, que había dispuesto el extrañamiento con base en el derogado DNU 70/17

Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar al recurso presentado por la defensa de un ciudadano venezolano y ordenó la revisión de la sentencia del Tribunal Oral Federal Número 5 (TOF 5), que había autorizado su extrañamiento (la expulsión del país de la persona) y la ejecución de la medida por parte de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

En la instancia intervino el titular de la Fiscalía Número 4 ante la Casación, Javier De Luca.

En 2020, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires procesó al ciudadano venezolano por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y le informó la medida a la DNM, para que hiciera el trámite de extrañamiento.

Posteriormente, en octubre de aquel año, el TOF5 condenó al imputado a tres años de prisión en suspenso, como partícipe secundario del delito del que se lo acusó.

La defensa recurrió el decisorio alegando que no acató las mandas de la Ley Migratoria y se violaron los principios de legalidad, debido proceso, derecho de defensa, aplicación de la ley penal más benigna y reinserción social.

En ese contexto, el 16 de noviembre de 2020 la DNM declaró irregular la permanencia del hombre en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso permanente, en los términos del artículo 63, inciso b, de la Ley 25.871 (de Migraciones) y del artículo 29, inciso d, del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017.

La resolución le fue notificada al penado en enero de 2021 y la consintió sin saber que podía recurrir, tal como lo hizo luego la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación.

En marzo de 2021 se derogó el DNU 70/17, mediante el DNU 138/21, que argumentó que la norma dictada hace cinco años es contraria a disposiciones de la Constitución Nacional (CN) y de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En mayo pasado, el TOF 5, en uso de sus facultades ejecutor de la sanción, estableció que en el caso se daban los requisitos previstos en la ley migratoria y autorizó el extrañamiento del condenado y la ejecución de su expulsión por parte de la DNM.

La defensa recurrió el decisorio alegando que no acató las mandas de la Ley Migratoria y se violaron los principios de legalidad, debido proceso, derecho de defensa, aplicación de la ley penal más benigna y reinserción social.

Más benigna

En ese sentido, consignó que el fallo era de fecha posterior al decreto 138/21, más favorable para su asistido, razón por la cual correspondía que el sentenciante, en su deber de control, rechazara la expulsión del país y dispusiera que la DNM dictara una nueva disposición con arreglo a la ley vigente, por aplicación del principio de ley penal más benigna consagrado en el artículo del Código Penal y en el bloque constitucional.

Planteo

El fiscal General Javier de Luca adhirió al planteo del abogado del condenado.

Entendió que, si bien el TOF 5 había resuelto en el marco de su competencia, su decisión conducía “a la ejecución automática de una disposición que no se encuentra debidamente motivada”.

Como señaló la defensa, indicó que la decisión de expulsión fue fundada en una norma no vigente, que resulta más gravosa para el imputado extranjero.

El agente arguyó que la cuestión, que involucra derechos de jerarquía constitucional, no tuvo “suficiente tratamiento por las distintas instancias administrativas y judiciales intentadas por la defensa” y opinó que no se garantizó el debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva del penado.

Asimismo agregó que, en el caso, también se afectan los derechos de los hijos del hombre, quien tiene su núcleo familiar en Argentina, y destacó la importancia que la Corte Suprema le otorgó al denominado “principio de unidad familiar en el contexto migratorio”.

De Luca propició disponer que la DNM revisara y decidiera si mantiene o revoca su acto administrativo, en virtud de que se dictó una nueva norma que resulta más beneficiosa para el penalmente sancionado.

La Sala IV de la Casación Federal anuló la resolución recurrida y reenvió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

El voto mayoritario consideró que la medida dictada era arbitraria por falta de fundamentación. Reseñó que el extrañamiento debe autorizarse sólo cuando el acto administrativo de expulsión está firme y valoró que ello no sucedió en la causa.

Además, entendió que, al resolver, tampoco se tuvo presente que en el país residen los dos hijos del condenado, uno de ellos de nacionalidad argentina, su madre y su hermano, y que ambos cuentan con radicación permanente.

También resaltó que está pendiente la resolución del recurso jerárquico interpuesto por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, en el que se planteó la nulidad de la notificación del acto administrativo que dispuso la expulsión del hombre.

El juez Javier Carbajo votó en disidencia. Concluyó que la decisión de los magistrados de la instancia previa lucía “fundada y ajustada a las constancias de la causa”.

Planteó que el acto de la Dirección Nacional de Migraciones estaba firme y que la pretensión de la defensa lucía improcedente por cuanto la revisión de lo dispuesto por la autoridad administrativa debe ajustarse a las vías previstas en la Ley 25871.