El Tribunal de Casación Penal bonaerense determinó que la solicitud de la presunta damnificada no debía prosperar. En su fallo valoró que la mujer actuó presionada
La Sala I del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires determinó que, a pesar de que una víctima de violencia de género solicitó que la investigación que involucraba a su pareja cesara por un presunto “cambio de conducta”, no se podía abandonar la pesquisa.
La máxima instancia penal bonaerense consideró que la mujer actuó presionada; es decir, que no hizo su reclamo con libertad.
La situación que se dio en el caso es frecuente, y muchas víctimas de violencia de género alegan que ya no sufren más problemas o que perdonan a su agresor, o aducen que los denunciaron sin motivos.
Sin embargo, el tribunal razonó que la experiencia en la materia indica que, en la gran mayoría de esos casos, las amenazas, la coerción y las presiones de diversa índole impulsan a quienes sufren el flagelo a negarlo. En la causa, la Casación bonaerense avaló la postura que planteó la fiscalía y le dio luz verde para continuar investigando, aunque la mujer se resistiera.
En su sentencia, enfatizó que los fiscales deben tener en cuenta si existió una posible (y verdadera) conciliación entre las partes; pero que, al mismo tiempo, no deben dejar de prestar atención a si un pedido como el analizado no se dio en el marco de una situación de presión.
A su turno, el representante del ministerio público planteó un tema que suscita diferencias; es decir, si en supuestos como en analizado se debe proseguir la investigación, ya que al ser de instancia privada no afecta el orden público.
El funcionario entendió que, una vez que la investigación en casos de violencia de género se puso en marcha, ya no se puede frenar.
Al mismo tiempo, valoró que por la gravedad de la problemática, aquellos procesos no pueden ser considerados como de interés particular o privado, sin más. En ese sentido, enfatizó que se debe tener en cuenta el riesgo que corre la víctima, así como la lucha en contra de un flagelo que se da en todo el país.
La Casación precisó que, si bien es cierto que en los delitos de instancia privada se puede renunciar a la acción penal de forma voluntaria, en el caso se dieron algunas particularidades. Reseñó que la mujer, quien había declarado que sufría regularmente situaciones de violencia, quiso retirar la denuncia tan sólo 10 días después de formularla, pese a que sus dichos fueron corroborados con las declaraciones de varios vecinos.
Paralelamente, indicó que también generó suspicacias el hecho de que, al reclamar que su pareja fuera desvincuda de la causa, la víctima adujo que el hombre (con quien, aseguró, ya no convivía) estaba cumpliendo obligaciones con el patronato de liberados y que la investigación en curso podía complicar su situación allí, pues uno de los requisitos que le habían impuesto era que no tuviera denuncias en su contra.
