ESCUCHARLa Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña revocó la decisión que dispuso el archivo de una causa en la que se investigaba la existencia de reglamentos destinados a operaciones militares en contra la subversión y a la realización de secuestros y torturas ocurridos durante la última dictadura militar.
El expediente se inició el 16 de setiembre de 2005 por una denuncia del fiscal federal Federico Delgado, a raíz de la presentación efectuada por el abogado Alberto Pedroncini ante la Procuración General de la Nación, en el marco de la causa caratulada “Videla, Jorge y otros s/ privación ilegal de la libertad”.
En esa oportunidad, el representante del Ministerio Público advirtió sobre la existencia de una serie de reglamentos -entre ellos, el denominado “Operaciones psicológicas”, fechado el 8 de noviembre de 1969- así como la existencia de específicos casos de secuestros y tortura de personas que se habrían perpetrado de acuerdo a la metodología emanada del citado reglamento.
Primera instancia
Después de tres años de instrucción, el juez de primera instancia decretó el archivo de las actuaciones.
El magistrado sostuvo en tal oportunidad que no había podido comprobarse la existencia de ninguna conexión entre los manuales en cuestión y algún suceso que configurara la materialización de las directivas allí contenidas. En tanto, el a quo fundamentó su decisión afirmando que la creación de los reglamentos no constituía, en sí misma, un delito penal.
Ante ello, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un recurso de apelación en el que advirtió la vinculación que existiría en los hechos investigados y los que constituyen el objeto procesal de la causa referida al Plan Cóndor.
En indético sentido se pronunció el fiscal general ante la cámara, Germán Moldes, quien mantuvo el recurso y sostuvo que más allá de que la documentación hallada pudiese resultar de utilidad en otras causas, el objeto de la investigación era – precisamente- la existencia misma de los manuales cuya ilegitimidad resultaba “innegable”.
Asimismo, el funcionario expresó su disenso con el juez en cuanto a la ausencia de lesividad, argumentando que los reglamentos fueron dictados por aquellos que tenían el poder de materializar las conductas allí contenidas, “circunstancia que resultaría suficiente para generar temor en la ciudadanía”.
A su turno, la Cámara -integrada por los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero- consideró que la decisión del juez de primera instancia de de archivar la causa fue prematura.
En ese marco, los magistrados estimaron necesario la dilucidación de las circunstancias en que los reglamentos de origen militar en cuestión fueran dictados, tales como el procedimiento seguido para su creación, las personas que participaron de ese proceso y los documentos que sirvieron de base para ello.
Contexto
“El contexto socio-político imperante -no sólo en nuestro país, sino también en el resto de América- durante la época de la creación de los manuales en cuestión permite inferir la posibilidad de que integrantes de fuerzas de seguridad de países extranjeros hayan, de algún modo, colaborado con su elaboración, extremo que deberá ser abordado por la pesquisa”, explicaron los Camaristas.
