Ordenan al Ministerio de Trabajo que intervenga por destratos de una empresa

En una causa en la que se despidió a un empleado durante una licencia por enfermedad, se constató que los dependientes de esa firma eran sometidos a condiciones laborales denigrantes y abusivas

En un caso en el que la empresa Musimundo despidió a un trabajador un día antes de que se reintegrara de una licencia psiquiátrica y alegó un supuesto episodio violento, la Cámara de Apelaciones Comercial y Laboral de Goya, Corrientes, ordenó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En la causa, el trabajador debía reintegrarse a trabajar el 22 de marzo del 2019, fecha en que finalizaba la licencia psiquiátrica autorizada por auditoría médica. La carpeta médica, que se había extendido por casi un mes, fue otorgada por el deterioro de su salud, ya que presentaba cuadro de estrés crónico, además de cursar una parálisis facial con trastorno adaptativo mixto.

Sin embargo, el 21 de marzo el trabajador fue convocado por la patronal para firmar una documentación, y al concurrir se lo notificó de su despido, con el argumento de la empresa de un supuesto episodio violento ocurrido el 26 de febrero de 2019, en el que el trabajador rompió una puerta de vidrio tras una discusión verbal con el gerente.

En primera instancia, el demandante obtuvo sentencia favorable. La empresa apeló pero la cámara coincidió con la valoración de las pruebas y las testimoniales de testigos que efectuó el juez laboral.

Detalles

Al respecto, el tribunal de alzada entendió que el trabajador se encontraba cursando una licencia por enfermedad, por lo que el despido había sido extemporáneo y la empresa "debió hacerlo inmediatamente de haber ocurrido aquel hipotético hecho y abonar la totalidad de la licencia por enfermedad hasta la recuperación total del actor".

Los magistrados subrayaron al respecto que "la conducta (de la firma demandada) descripta fue determinante y nos convence a nosotros de la extemporaneidad del despido, pues la brecha temporal entre éste y el hecho fundante de la injuria fue cabalmente comprobada".

Los camaristas Jorge Muniagurria, Lilia Aguirre y Gertrudis Márquez coincidieron en que de las testimoniales surgió de forma reiterada la presencia de situaciones de abuso empresarial.

En particular, se advirtió de que los francos eran tomados en algunos casos como moneda de cambio para cubrir la falta de personal, y en otros no se concedían como una forma de ejercer presión para lograr los objetivos de venta de la empresa.

Además, se puntualizó que los empleados eran obligados a trabajar fuera de horario para negociar también las vacaciones y, así, "quebrados (...) toleraban los malos tratos, actitudes denigrantes y abusivas".

En ese orden de revelaciones, también se constató que los empleados eran obligados a permanecer encerrados en el local luego de finalizada la jornada y la puerta de acceso se abría cuando el gerente lo disponía.

A limpiar

Paralelamente, se constató que la empresa los mandaba a limpiar baños, a esperar el camión para descargar mercaderías en horarios fuera de la jornada laboral o trabajar en horario de corrido días festivos, en tanto otros testimonios revelaron que se les impedía ir al médico.

"No había respuesta de recursos humanos, había un número de teléfono para las denuncias pero nadie respondía", declararon los testigos.

Ante las irregularidades constatadas, los jueces ordenaron la intervención del ministerio nacional, en su carácter de policía de trabajo, para que en 48 horas se constituyera en las oficinas de la empresa e inspeccionara las condiciones de trabajo de los dependientes. En especial, las vinculadas con las jornadas laborales, horario de ingreso y egreso, planillas de horas extras, francos compensatorios, vacaciones y licencias.