ESCUCHARAnte el TOF2, la Vicepresidente hará uso de ese derecho este martes. El debate lleva más de tres años
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner tendrá este martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos relativos a la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales, dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.
La vicepresidente participará de la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom, momento en el que se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Desde que se inició el debate, hace tres años y medio, la expresidente habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, antes de la cuarentena por la pandemia; y luego en la etapa de alegatos, cuando, como abogada de profesión, hizo uso del derecho a ejercer su propia defensa.
«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019, y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», en alusión a la presidencia de Mauricio Macri.
El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» la acusación.
En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidente habló al tribunal de manera virtual desde su despacho en el Senado de la Nación como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.
Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro caso de prevaricato».
«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor, Carlos Beraldi, reclamó la absolución.
Para este martes se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.
El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados y, con base en esa decisión, se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.
Se trata de los ex responsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, y del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante la administración Kirchner, Nelson Periotti.
En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez; el ex funcionario Abel Fatala y el ex encargado del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Raúl Daruich.
Largo juicio
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin que se recuperara nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.
En relación con el veredicto, se prevé que también se difunda en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales para ese momento.
Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la ex presidente como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.
Para Daruich y Pavesi requirieron cinco años, y cuatro para Fatala y Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.
