No desvirtúan vínculo laboral entre empresa administradora de consorcios y un dependiente

El demandante, quien realizaba tareas de administración, figuraba inscripto como monotributista y emitía facturas únicamente en favor de la accionada. Sin embargo, se demostró que ello escondía una verdadera relación de trabajo

Al interpretar que la empresa demandada, Administrar SA, no logró desvirtuar la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), ya que no introdujo elemento alguno que denotara que el accionante contaba con una organización y personal a cargo a fin de configurar una locación de servicios, arribándose a la conclusión de la existencia de subordinación laboral entre ambos, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió la existencia de un contrato laboral, en el que el demandante prestaba tareas para los diversos consorcios y countries, donde la empresa era contratada para ejercer la administración integral de éstos.

Negativa

El tribunal integrado por el vocal Tomas Sueldo indicó que la parte demandada negó la existencia de relación de dependencia económica y jurídica invocada en la demanda por el accionante, aunque consintió la realización de tareas bajo la modalidad de una locación de servicios y en su calidad de monotributista, facturando mes a mes por los trabajos prestados.

Así las cosas, para el magistrado tal reconocimiento resulta idóneo para activar la presunción del artículo 23 de la LCT, en cuanto dispone: “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrarse lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.

En consecuencia, analizadas las defensas esgrimidas en los respectivos memoriales de contestación, el fallo analizó que la prueba arrimada en tal sentido y evaluada en su conjunto, no logró desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.

La decisión consideró que no hay elemento de convicción alguno en la causa en orden a acreditar que el accionante trabajara para otras personas o entidad que no fuera Administrar SA durante el período invocado en la presentación, por lo que puede deducirse que lo hacía en forma exclusiva.

“Honorarios”

Luego, el magistrado valoró que las facturas tipo C emitidas por el accionante era todas a favor de la empresa demandada y que, si bien en ellas se consigna que eran por “honorarios”, el carácter correlativo y la similitud de los montos mensuales resulta indicativo de un intento por “disfrazar” el pago de una remuneración, advirtiéndose además de que en una de las facturas se consignó la expresión "50% aguinaldo”, lo que fue ratificado en las audiencias de reconocimiento y en el peritaje contable oficial.

Respecto de la inscripción del actor como monotributista en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juez infirió que fue una condición impuesta por la patronal para comenzar la vinculación, junto con la registración como socio activo de la Cámara de la Propiedad Horizontal, aunque ello no lo habilitara para el ejercicio de la profesión de administrador de edificios, tal como surge de la informativa respectiva.

Asimismo, el tribunal evaluó que tampoco se demostró por medio probatorio fehaciente que el actor hubiese pactado con los demandados el porcentaje de 7,5% -ni ningún otro- sobre importes que los clientes abonaban en concepto de la administración de los consorcios, lo que permite deducir, junto con los demás elementos de prueba reseñados, que el actor percibía por su trabajo una retribución mensual, la cual se pretendía desdibujar con la expedición de facturas.

En esa dirección, el decisorio apuntó que ello implica la configuración de una de las notas características de la relación de dependencia, como es la subordinación económica o ajenidad en los riesgos, a la que se suman la jurídica y técnica, representadas por el sometimiento a órdenes y directivas en cuanto a la forma de realizar sus labores, “aspectos que pueden aparecer desdibujadas, disminuidas, cuando se trata de funciones de cierta jerarquía”.

De igual modo, Sueldo tuvo en cuenta la prueba testimonial relativa a que el accionante se insertó de tal manera en una “organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos …” (artículo 5, LCT), desempeñándose como encargado de una empresa dedicada a la administración de propiedades, en una jornada legal, de lunes a viernes y los días sábados -ocasionalmente-.

Documental e informativa

Por otra parte, en la resolución se ponderó que quedó demostrado con la prueba documental e informativa que la empresa, mediante su contadora, le abonaba al actor el plan I-200 de atención médica en la prepaga URG Urgencias y le entregó una motocicleta y un celular para el desempeño de sus funciones, lo que -además- fue expresamente reconocido en este juicio.

En definitiva, el vocal indicó que, al no existir prueba que permita adjudicarle la naturaleza pretendida por la demandada a los servicios prestados por el actor, debía concluirse que entre las partes medió una relación subordinada de trabajo en los términos de la ley 20744 (artículos 21, 22 y concordantes), con lo cual pierde validez el supuesto contrato de locación de servicios “por haber sido celebrado, en todo caso, con miras a desdibujar una relación de dependencia y eludir cargas laborales (art. 14, LCT)”.

En consecuencia, al analizar los rubros peticionados por el actor, en el fallo se admitió la indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso; integración del mes de despido, aguinaldos y vacaciones proporcionales; incrementos indemnizatorios artículos 1 y 2, ley 25323, y sanción artículo 80, LCT.