El juez Lijo emitió órdenes para obtener datos de los servidores de la Casa de Gobierno, de la Cancillería y de la Procuración del Tesoro. La medida fue reclamada por el fiscal Pollicita
El juez federal Ariel Lijo le dio luz verde al pedido emitido por el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de investigar la muerte de su fallecido colega Alberto Nisman, para revisar los correos electrónicos emitidos por cuentas oficiales y de mensajería de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner; del ex canciller Héctor Timerman y de la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros ex funcionarios investigados por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El juez Lijo emitió las órdenes y los procedimientos en las distintas reparticiones lo está llevando adelante la Policía Metropolitana, junto con enviados de la fiscalía de Pollicita. Así, el juzgador hizo lugar a las numerosas medidas de prueba que había pedido en su momento Pollicita, quien tiene delegada la investigación de la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal AMIA, en el marco de la firma del fallido memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.
Teléfonos
Además, Lijo le dio vía libre al fiscal para que pida a la dirección de escuchas judiciales de la Corte Suprema de Justicia el entrecruzamiento de los teléfonos de todos los imputados; entre ellos, los de la ex mandataria. Lijo emitió órdenes de presentación para obtener datos de los servidores de la Casa de Gobierno, de la Cancillería y de la Procuración del Tesoro. Se trata de copias de los correos electrónicos emitidos desde cuentas oficiales de los investigados y también de los mensajes que se hayan intercambiado a través de los programas de mensajería interna en cada organismo.
La medida incluye también al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini, y al ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, todos investigados en la causa.
Respecto al análisis de los disscos rígidos de las computadoras y de los e-mails, en la Casa Rosada, se investigarán las conversaciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 9 de diciembre de 2015.
Secreto fiscal
Por último, Lijo dispuso levantar el secreto fiscal del supuesto espía Alan Bogado, para que la fiscalía pueda requerir sus declaraciones juradas y patrimoniales.
Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia en contra de Fernández de Kirchner y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.
Nisman había hablado de la presunta existencia de «un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad” a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por la voladura de la mutual ubicada en el barrio de Once de la Capital Federal. La causa recorrió un largo derrotero hasta que, finalmente -y después de la reapertura- quedó nuevamente a cargo de Lijo.
El expediente se reactivó en febrero, dos años después de que el juez Daniel Rafecas la desestimó al sostener que no existía delito alguno en el entramado enunciado.
En diciembre de 2016, el vocal de Casación Penal Mariano Borinsky había determinado que la pesquisa debía seguir, al estimar que la decisión de Rafecas fue apresurada.
Junta médica
En tanto, el Máximo Tribunal penal del país convalidó una vez más la nueva junta interdisciplinaria que debe expedirse sobre las causas de la muerte de Nisman.
La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del informático Diego Lagomarsino, quien pretendía llegar a la Corte para impugnar la conformación del equipo de peritos que estudiará las circunstancias que rodearon el deceso del ex titular de la UFI-AMIA.
En abri, la Sala IV de la Casación ya había convalidado la realización de la junta interdisciplinaria y en su último pronunciamiento al respecto rechazó aspectos técnicos de la apelación con la cual los abogados de Lagomarsino.
