Negar dependencia laboral no es litigar maliciosamente

Revocan la sanción impuesta al empleador demandado, ya que la trabajadora accionante no acreditó otro elemento que demostrara una actuación temeraria de aquél

Al confirmar la existencia de una relación laboral con la trabajadora doméstica y la aplicación del “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” (ley Nº 26844, categoría cuarta), vigente desde el último tramo del vínculo, debido a que el empleo se desenvolvió en una casa de veraneo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió el recurso del demandado, revocando la sanción por litigante malicioso del artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), ya que el solo hecho de haber negado la existencia de dependencia no faculta de por sí a aplicar la sanción, si no se demuestra algún otro elemento que demuestre la actuación temeraria en la defensa.

En contra de la sentencia que hizo lugar a la demanda de Silvia Mirta Oliva en contra de Miguel Ángel Bustos Argañarás, ordenando pagar a la actora la indemnización por antigüedad por despido, indemnización sustitutiva del preaviso omitido, diferencias de haberes y demás rubros salariales, el demandado interpuso apelación.

El impugnante refirió que no se acreditó la relación de dependencia y tachó la idoneidad de dos testigos expresando que ninguno de ellos vio a la demandante prestar tareas a su favor. Asimismo, el accionado criticó la aplicación retroactiva de la ley Nº 26844, que regula el empleo doméstico.

Bustos Argañarás se quejó de la imposición de las costas a su parte y cuestionó el pronunciamiento, en tanto se le aplicó la sanción prevista en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin ningún tipo de sustento.

A su turno, el TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que la protesta con relación al vínculo laboral dependiente era inadmisible, toda vez que el recurrente hace patente su disconformidad con la conclusión que el sentenciante efectuó de los testimonios respecto de que Oliva prestó servicios en época estival en su casa de veraneo.

Al respecto, el fallo indicó que, con las declaraciones de las personas que depusieron en la audiencia de vista de causa, el juzgador estimó que la accionante acreditó el contrato invocado, mientras que el demandado entendía que lo afirmado en la oportunidad, no es suficiente para llegar a ese resultado, aspecto que se conecta con la valoración de la prueba y materia que no se revisa en la instancia.

Omisión

El Alto Cuerpo indicó que el demandado omitió que la actora solicitó la aplicación del régimen del servicio doméstico y que con los elementos probatorios analizados se demostró la prestación de labores en una vivienda que usaba con fines de esparcimiento, como la extinción del vínculo por su exclusiva culpa.

Luego, el TSJ expuso que tampoco aparece evidenciada la contradicción que denuncia Bustos Argañarás, toda vez que el a quo actuó dentro del marco fáctico del litigio y, verificado el trabajo sin registración, encuadró la prestación de servicios en el “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, teniendo en cuenta que “la ocupación de una lugareña, era exclusivamente en ocasión de habitar el accionado y su esposa durante parte del año en una residencia de fines de semana”.

La decisión apuntó que el artículo 76 del referido régimen establece que la ley será de aplicación a todas las relaciones laborales alcanzadas por este régimen al momento de su entrada en vigencia, derivando que si el último tramo del vínculo y la ruptura se producen bajo esa norma, su observancia deviene rigurosa.

Distinta

Sin embargo, los vocales observaron que distinta es la solución que merece la aplicación de la sanción que establece el artículo 275 LCT. Así, argumentaron que la elección de la estrategia defensiva, en el caso, negar la relación de dependencia, no puede constituir per se la conducta prevista en la norma en cuestión.

El decisorio destacó que en la causa se encuentra justificado que el contrato entre las partes se desenvolvió durante la vigencia de dos leyes muy diversas, al punto tal que la que rige el caso cambia la naturaleza de la vinculación habida entre las partes.

El TSJ agregó que los mismos motivos que decidieron al juzgador a responsabilizar al demandado, también son utilizados para fundar la penalidad, remarcando que el a quo no exhibió argumentos, en orden a objetivar, en el particular, la actuación temeraria o maliciosa; más aún, cuando los términos del dispositivo jurídicamente aparecen asimilados al dolo.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que debe anularse el pronunciamiento en cuanto a la penalidad en cuestión, confirmando el resto de lo decidido.