Confirman daño punitivo a desarrollista por no cumplir entrega de un departamento

La decisión desestimó el hecho de que la demandada haya hecho otras ofertas para intentar compensar a los compradores y ratificó los argumentos dados por el juez de primera instancia

Al entender que Gama SA no cuestionó todos los elementos que conformaron el daño punitivo, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que admitió el rubro, originado en la falta de entrega de un departamento que los accionantes habían adquirido en el complejo Ciudad Gama, construido por la demandada.

La empresa se quejó por la condena en favor de Federico Javier Páez y Ana Cintia Ayub, al considerar que no se configuró el elemento subjetivo (dolo o culpa grave) que requiere la figura para su aplicación.

La demandada argumentó que el incumplimiento fue reconocido tanto en sede judicial como administrativa, en la cual se les ofrecieron a los demandantes diversas alternativas para poder conciliar el reclamo y compensar la falta.

La firma invocó que el emprendimiento Ciudad Gama no fue conformado con la finalidad de dañar, alegando que “basta con transitar por calle Av. Colón al 5000 y observar el imponente núcleo frontal y la Torre 1 íntegramente finalizada”.

Al analizar la apelación de la demandada, el tribunal integrado por los vocales María Rosa Molina de Caminal, Jorge Miguel Flores y Julio Ceferino Sánchez consideró que el juez a quo refirió que en la causa se cumplieron los dos elementos para hacer procedente el reclamo: el objetivo (violación de normas imperativas e incumplimiento contractual dañoso) y el subjetivo (reproche de la conducta desplegada en el mercado a título de culpa y grave).

Conducta

Para la alzada, el a quo también consideró que la conducta de la demandada, tanto extrajudicial como en este proceso, ha demostrado displicencia y desaprensión, y ello se evidencia en que ni siquiera ha presentado alegato, lo que justifica aún más la imposición de la multa civil.

Bajo esas premisas, la Cámara sostuvo que con relación a estos argumentos, obrantes en el fallo en crisis, nada ha dicho la empresa, de lo que resulta que, “con independencia de su acierto o desacierto intrínseco, han quedado firmes y por sí solos sostienen la resolución que, en consecuencia, deviene inmodificable”.

El fallo evaluó que al no haber incluido todos los argumentos en la apelación y haberse limitado en la alzada a señalar que en los presentes no se encontraría cumplimentado el elemento subjetivo que se requiere para la aplicación de la multa, como planteó Gama, no basta para habilitar la competencia de este tribunal.

De ahí, el tribunal expuso que todo lo que no fue objeto de agravio concreto y haya sido motivo de decisión del a quo, en virtud de la vigencia del principio dispositivo, “gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de la cámara”.

Información

Asimismo, el fallo señaló que, tal cual refiere el a quo, no sólo se observa la falta de cumplimiento del deber de información por parte de la demandada, quien extrajudicialmente fue requerida en varias oportunidades a que brinde información con relación a la falta de entrega de la unidad adquirida por los accionantes sino que también se evidencia una violación del deber de trato digno de los consumidores, quienes debieron transitar diversas actuaciones previas e incluso recurrir a la Justicia para verse complacidos en su pretensión.

Además, el tribunal expuso que no se evidencia una actitud de allanamiento, como denuncia la apelante, a la pretensión de los accionantes sino todo lo contrario, ya que la presente causa debió llegar hasta el dictado de la sentencia en primera instancia para que los accionantes vieran satisfecho su reclamo.

De otro costado, la cámara resaltó que el hecho de que se hayan formulado propuestas en sede administrativa en nada modifica la cuestión, por cuanto el consumidor no tiene la obligación de aceptar una prestación diferente.

Vulnerables

Luego, la decisión destacó la situación en que se han encontrado los actores, partes vulnerables de la relación de consumo, sin posibilidades de discutir los términos contractuales, víctimas del incumplimiento de la demandada -predisponente del contrato - que ha sometido al consumidor a un trato indigno, en conductas reiteradas.

A ello se agregó que se presume que los fondos destinados por una familia a la compra de un inmueble implican inversiones muy significativas en la vida de una persona promedio.

Igualmente, los jueces valoraron que la entrega del departamento se había comprometido para febrero de 2016 y ni siquiera se había comenzado a construir la torre al momento del vencimiento del contrato.

Finalmente, la alzada observó que no puede soslayarse que, tratándose de un proyecto de gran envergadura y considerando la altísima inserción en el mercado inmobiliario de la demandada, resulta útil la sanción dispuesta para evitar que otros, al igual que los actores, sean perjudicados con el actuar de la accionada.