Municipio debe indemnizar a empleada por el acoso sexual de un compañero

El tribunal halló responsable a la Municipalidad de Villa María por haberse producido la agresión en el ámbito comunal y no haber dispuesto las previsiones para evitarla La Cámara del Trabajo de Villa María admitió la demanda por daño moral basada por el acoso sexual sufrido por una empleada de la Municipalidad de esa ciudad. Así se condenó a esa dependencia por haberse producido el hecho en el ámbito oficial, en el marco de las relaciones laborales y porque el agresor trabajaba como empleado de esa comuna. [privado] La Sala integrada por el vocal Osvaldo Samuel, al evaluar la prueba rendida, sostuvo que existían testimonios que afirmaban que no existió acoso, y otro grupo de testigos que afirmaron que si existió. “En esta inteligencia, el trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél. Para ello no basta una mera alegación”, consideró el magistrado. Además, en el fallo se sostuvo que el trabajador o trabajadora al aportar indicios razonables de que existe una conducta discriminatoria hace desplazar el onus probandi al demandado, quien debe probar que su conducta no es discriminatoria. En esa dirección, el magistrado destacó que no solo existían indicios, sino que la prueba científica que se relevó en esos autos presentaba a una persona “dañada en su psiquis”. Y valoró las pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas que no fueron impugnadas del modo científico que requería. En consecuencia, el juez concluyó: “Luciendo las consideraciones de los peritos oficiales designados en autos, coherentes, fundadas y vinculadas a los testimonios aportados, los demandados debieron probar objetivamente, que el daño psíquico que padece la actora, obedece a otras razones, o circunstancias ajenas las planteadas por la accionante”. En tal sentido, se puntualizó que no resultaba dirimente que la accionante no haya denunciado ante la autoridad municipal o policial los hechos, en tanto su situación de “incertidumbre laboral” y el “miedo de perder el único sustento” pudo haberla inclinado a actuar de ese modo, incluso a costa de su salud. Sin embargo, el juez expresó que, como relataron los testigos, se denunció al gremio por lo que se organizó una conferencia de prensa, “lo cual, en un ámbito como la ciudad de Villa María, constituye una denuncia pública de los hechos que aquí se controvierten”, agregó el magistrado. Por lo expuesto, Samuel destacó que los hechos relevados constituyeron actos de discriminación y resaltó respecto al acoso sexual que la actora, era sometida a “situaciones con connotación sexual” que, en el contexto “hostil” y de “incertidumbre” respecto a su continuidad en el empleo tenían entidad suficiente para encuadrarse como acoso sexual. En ese estado de cosas, al valorar el daño moral reclamado, el juez consideró que el impacto en las afecciones espirituales legítimas fue probado con la pericial psicológica y la pericial psiquiátrica. En conclusión, se resolvió cuantificar el daño moral en la suma de $47.500 haciendo responsable de la condena tanto a la persona ejecutora del acoso como a su empleador en donde se desarrolló la situación de acoso. Autos: “Q., M. M. c/ Municipalidad de Villa María y otros” (Expte. Nº 326815) [/privado]

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