ESCUCHARLa Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó liberar a los cuatro integrantes de la agrupación «Revolución Federal» que estaban privados de su libertad desde el 20 de octubre pasado, en el marco de una pesquisa por presunta incitación a la violencia colectiva.
Se trata de Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita que admitió el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El tribunal sostuvo que no hay elementos objetivos que permitan sostener que puedan entorpecer la investigación o eludir la Justicia.
También aclaró que la pesquisa es ajena a la causa que se instruye por el ataque en contra de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, tal como estableció en su momento la magistrada María Eugenia Capuchetti.
En el caso se investigan las actividades de «Revolución Federal».
Al incriminar a los cuatro integrantes del grupo, el fiscal alegó que las pruebas permitían tener por corroborada la actividad desplegada por Morel y Sosa, quienes organizaron una agrupación a la que luego se sumaron Basile y Guerra -entre otras personas aún no identificadas- para “llevar a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
A Morel y Sosa les sindicó el rol de organizadores y a Basile y Guerra, el de partícipes.
Según el agente, los cuatro “alentaron e incitaron la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas; principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional”. Citó a Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Silvina Batakis y Victoria Donda, entre otros.
La querella que llevan adelante los letrados de la ex jefa de Estado se opuso por escrito a que se los excarcelara, sin éxito.
“No existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”, concluyeron los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugia.
“Con relación al posible entorpecimiento de la investigación, debe destacarse que los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que los acusados podrían llevar adelante en libertad”, agregaron.
En su decisorio, la alzada resaltó que el mínimo de pena aplicable ascendería a tres años de prisión, lo que eventualmente avalaría una ejecución condicional, y que eso no cambiaría si se aplicara el pedido fiscal para agravar la figura penal por actos discriminatorios. Además, tomó en cuenta que los imputados no tienen antecedentes penales.
Sobre Basile, tomó los argumentos de la defensa, a saber: que se presentó voluntariamente en la mesa de entrada de tribunales cuando sabía que era buscada y quedó arrestada sin ofrecer resistencia.
La cámara postuló la necesidad de la aplicación de alguna medida que asegure la sujeción de los encartados al proceso.
