ESCUCHARPor mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 4 (TOF4) que había incorporado a cuatro nuevos imputados al juicio por el caso conocido como “la ruta del dinero k”. Se trata de Mariano Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz, Alex Fallas y Jorge Ruiz.
A su turno, el TOF 4, en atención a la relación que existía entre los hechos investigados en distintos procesos, luego de desestimar las medidas probatorias ofrecidas por las defensas, decidió la incorporación de los encartados al debate oral ya iniciado y ordenó que se notificara a los defensores sobre las pruebas producidas hasta ese momento.
Los imputados fueron sumados en mayo al proceso que comenzó en octubre de 2018. Para entonces, ya habían declarado 64 testigos; entre ellos, el imputado colaborador Leonardo Fariña.Ahora, la Máxima Instancia en lo Penal del país concluyó que lo resuelto por el inferior -es decir, incorporar acusados a un juicio que llevaba ocho meses, con prueba producida, que promediaba la mitad de su realización, limitando a su vez la producción de la nueva prueba requerida- se trató un supuesto inédito y “sin precedentes de similares características”, violatorio de la inmediatez propia del juicio oral y público, así como del derecho de defensa y del debido proceso.
En consecuencia, el voto mayoritario de la Sala IV -integrado por Mariano Borinsky y Javier Carbajo- ordenó que se lleve adelante un nuevo debate, en resguardo de las garantías constitucionales vulneradas.
En disidencia, el vocal Gustavo Hornos citó jurisprudencia del tribunal relativa a que las decisiones referidas al trámite del juicio, como la convocatoria a debate y el ofrecimiento de medidas de prueba, no constituyen, por regla, sentencias definitivas recurribles ante la Casación.
A su vez, señaló que la defensa, que fue oída ampliamente en la instancia casatoria, no logró demostrar qué perjuicio concreto le causó el decisorio.
Subasta
En otro orden, trascendió que se subastará uno de los aviones del empresario Lázaro Báez. La Agencia de Administración de Bienes del Estado lanzará la oferta de unas de las dos aeronaves del empresario.
Se trata del Gulfstream Commander-Rockwell, modelo 690-B, que estaba valuado en 211 mil dólares. Sin embargo, se pedirán US$110 mil, por el deterioro que presenta.
Los dos aviones de Báez estuvieron a disposición del Ministerio Seguridad, para el traslado de policías para allanamientos urgentes o para detenidos, pero será rematada y el dinero será depositado en una caja de ahorros en dólares en el Banco Nación, denominada “Causa Báez”, bajo tutela judicial.
La cartera que encabeza Patricia Bullrich le informó al tribunal que lleva adelante el juicio por “la ruta del dinero K” que la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de los bienes es muy costosa.
El avión se exhibirá en la plataforma de la empresa Aviación Atlántico Sur SA, en el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.
