La UIF pide que haya juicio la causa “Hotesur”

La ex presidenta Cristina Fernández Kirchner está procesada por supuesto lavado de dinero mediante  falsos alquileres de plazas hoteleras. En  noviembre, los fiscales ya habían requerido el debate

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que el caso Hotesur sea elevado a juicio. Cabe recordar que la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner está procesada por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras.
Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron un escrito en el que le reclamaron al juez federal Julián Ercolini que las actuaciones pasen a la instancia de debate oral y público.
Los responsables de la UIF sostienen que la pesquisa Hotesur dejó en evidencia la existencia de una asociación ilícita “destinada a apoderarse de fondos públicos”.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado lo mismo en diciembre, en el marco del proceso que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner; el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín; la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado, y el contador Víctor Manzanares.

La investigación comenzó en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria con alquiler de hoteles de la familia Kirchner para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas. “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, enfatizaron a su turno Pollicita y Mahiques. Además, los agentes señalaron que el grupo estaba integrado también por ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de confianza de la ex familia presidencial y que se montó en base a una división de “roles definidos y estratégicos” dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado.
Según la acusación, la asociación funcionó “ininterrumpidamente” al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016 y estuvo destinada a cometer múltiples delitos para “sustraer y apoderarse ilegítimamente” y “de forma deliberada” de fondos públicos.
Los fiscales remarcaron que mediante la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea se constituyó el mecanismo con el cual los ex mandatarios y empresarios allegados pretendían canalizar activos de la obra pública vial, para darle “la apariencia de provenir de una actividad lícita”.

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