La Provincia repara un femicidio cometido por un agente policial con el arma reglamentaria

El efectivo ultimó a la hija de los demandantes, quienes reclamaron por los daños que les ocasionó el hecho, al privarlos, además del factor emocional, de sus cuidados durante la ancianidad

Al entender que el agresor se desempeñaba como agente policial de la Provincia de Córdoba al momento de cometer el ilícito, motivo por el cual, y a los fines de desempeñar su función, el Estado provincial le proporcionó el arma que utilizó para perpetrar el homicidio de la hija de los demandantes, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la responsabilidad de la administración por los daños que les produjo al privarlos de los cuidados de la mujer en su ancianidad. Sin embargo, el fallo redujo el daño moral a lo reclamado, al considerar que en la instancia previa el sentenciante se apartó de los términos de la litis.

El tribunal integrado por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes analizó si el Estado debía responder por los daños causados por V., quien formaba parte de la policía provincial, siendo que la administración alegaba que no existió nexo causal, ya que el ilícito porque el agente no lo efectuó en ejercicio de sus funciones.

Probanzas

Al respecto, los jueces señalaron que de las probanzas surge que el homicidio de la hija de los demandantes se cometió empleando el arma de fuego proporcionada por la Policía de la Provincia de Córdoba e indicaron que se constató que el hecho ocurrió mientras el victimario se desempeñaba como agente de dicha repartición, lo que facilitó la comisión del hecho.

La cámara agregó que resulta procedente endilgarle responsabilidad al Estado la apelante, en función de su carácter de dueña de la cosa riesgosa conforme lo dispone la segunda, parte del artículo 1113 del Código Civil y Comercial (CCyC), derivando que existe una razón que justifica que una persona deba soportar la traslación de las consecuencias de un evento dañoso en el cual, si bien no participó, fue cometido con una cosa riesgosa que le pertenece.

De ello, se resaltó que quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo para terceros, en el caso un arma de fuego, debe soportar los detrimentos que ocasione, salvo que demuestre la existencia una eximente de responsabilidad.-

Examen

La cámara evaluó que, previo a poner a disposición de un agente un arma de fuego, la administración debe realizar un examen exhaustivo respecto de la idoneidad para su manejo y cuidado, de una manera que resulte segura para toda la sociedad.

En función de lo expuesto, en la decisión se resolvió que resulta ajustada a derecho que se responsabilice al Estado provincial por los daños derivados del ilícito cometido por V. en ocasión de la función.

En cuanto a la procedencia del rubro pérdida de chance de ayuda futura, la alzada analizó si los progenitores de la víctima sufrieron a raíz del deceso de su hija, un perjuicio identificable con la privación de una expectativa de contenido económico, considerando al respecto que el CCyC establece para el caso de muerte de los hijos, la pérdida de chance de asistencia material en la ancianidad, lo que se justifica porque según el curso normal y ordinario de las cosas, los hijos tienden a brindar ayuda material y espiritual a los padres en esa etapa de la vida.

Carrera

Al respecto, se indicó que la víctima se encontraba cursando la carrera de Trabajo Social, por lo cual, si bien había rendido cinco exámenes finales a la fecha de defunción, había regularizado prácticamente la mitad de las materias del programa de estudios, lo que denota la posibilidad de que terminara el cursar sus estudios y, consecuentemente, ejerciera la profesión.

A ello se agregó que víctima había presentado curriculum vitae en una escuela, en la que le habían dicho que pronto iban a contratarla; que trabajó en un supermercado y que los accionantes vivían “con lo justo”, por lo que, eventualmente, la ayuda económica que podría haberles prestado su hija en el caso de continuar con vida, se tornaría factible.

Por ello consideró que lo manifestado permite tener por acreditada la chance de que la Sra. S. podría haber prestado ayuda económica a sus progenitores en el caso de continuar con vida.

Respecto del monto por el daño moral, los camaristas sostuvieron que al haberse reclamado en la demanda y en los alegatos remitirse a la suma reclamada de $150.000, no podía luego el a quo reajustar la suma a otorgar.

En función de lo expuesto, en el fallo se resolvió que debe acogerse ese agravio y modificar la sentencia impugnada en ese aspecto, debiendo concederse la indemnización por tal rubro a los actores por la suma de $150.000, con más intereses (TPP + 2% mensual) desde el momento del hecho.

Autos: “S., J. C. Y OTRO c/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE CBA. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ. – OTRAS FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRACTUAL (Expte. N° 5222862)”