La ley de solidaridad social no se aplica en materia concursal

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que no resulta aplicable en materia concursal la suspensión del proceso prevista en la ley 27541 [privado] En la causa "Grupo Runner SA s/Concurso Preventivo", la jueza de primera instancia denegó la pretensión de la concursada orientada a obtener la suspensión del proceso en concordancia con la ley 27541, así como el planteo subsidiario de que se concediera una prórroga del período de exclusividad por 180 días. El tribunal resaltó que la referida norma, denominada "Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública", declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el día 31/12/2020. Respecto del presente caso en concreto, los camaristas Eduardo Machín y Julia Villanueva reseñaron que el recurrente sostuvo que las pautas que surgen de los artículo 79, 81, 82 y 83 del mencionado cuerpo legal, justificaban el pedido de suspensión pretendido. Ello así, en tanto "si bien admite que tales disposiciones refieren a supuestos y organismos o empresas distintas (con excepción del art. 83 que alude a la tasa de justicia para los acuerdos concursales), la solución que pretende es viable a través de la aplicación analógica de sus términos". Para los magistrados, no le asistía razón a la concursada recordando que la analogía "constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre cuando en el ordenamiento jurídico no se halla una norma aplicable al caso". Los jueces observaron que el apelante pretendía obtener la suspensión del proceso mediante la aplicación de un cuerpo legal distinto, en sustitución o reemplazo de uno vigente que tiene sus propias reglas. En tal sentido, el fallo recordó que las normas mencionadas "prevén la suspensión de específicas ejecuciones forzadas", mientras que el artículo 82, "suspende las ejecuciones de los créditos que posea la AFIP contra prestadores médicos asistenciales" y el artículo 81 "crea una Comisión Asesora cuya finalidad es la de relevar la situación de endeudamiento sectorial público y privado, con énfasis en el ámbito prestacional, y las alternativas para la regularización de las acreencias de los prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud". Descargá el fallo [/privado]

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