ESCUCHAREl juez Casanello también resolvió la inhibición de sus bienes, luego de incorporar a la causa las imágenes captadas en “La Rosadita”. También citó a indagatoria a otras tres personas que aparecen en el video contando millones de dólares.
El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de dinero en la que está imputado Lázaro Báez, prohibió ayer la salida del país a Martín Báez, hijo de ese empresario, a quien se lo ve contando millones de dólares en los videos de las cámaras de seguridad de la financiera SGI, conocida también como “La Rosadita”, difundidos por televisión.
La medida, a la que se le suma una inhibición para comprar o vender bienes, pesa también sobre las tres personas que aparecen en esas imágenes. Se trata del contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Ariel y Fabián Rossi. Los tres, al igual que Martín Báez, fueron citados a indagatoria luego de la difusión del material fílmico, en el marco de la causa que tiene a
Lázaro Báez como principal imputado, por la cual está preso Leonardo Fariña.
Pérez Gadín fue convocado para el 18 de abril, Rossi para el 19, Daniel Pérez Gadín el 20, y Martín Baez el 21; todos a las 10, en los tribunales federales de Comodoro Py. Tanto Lázaro como Martín Báez designaron nuevo abogado: Daniel Rubinovich, quien fue convocado por el juzgado para que acepte el cargo.
Las imágenes de las cámaras de seguridad filtradas a través de un noticiero no estaban en el expediente judicial de la causa Báez hasta que las solicitó ayer Casanello. El magistrado tenía ya ordenadas otras medidas de prueba relativas a los manejos de dinero en esa “cueva”, entre otras un pedido al gobierno de Santa Cruz para que le informe qué obras públicas estaban en ejecución en esa provincia en 2012, adjudicadas a “Austral Construcciones”, la empresa de los Báez.
Las imágenes emitidas están fechadas en septiembre y octubre de 2012 y se tomaron en el departamento 7º “C” de la calle Juana Manso 555, donde funcionaba la financiera.
En la causa, el ya procesado exdueño de SGI, Federico Elaskar, afirmó en declaraciones periodísticas que en el lugar se “lavaba” dinero de Báez y que luego fue obligado a desprenderse de la firma, pero ante la Justicia se desdijo. Y otro “arrepentido”, Leonardo Fariña, habló de bolsos con dinero que llegaban desde Santa Cruz a esas oficinas para lavado de activos. Tanto Fariña como Elaskar ya están procesados por ese delito.
Otra línea de la investigación se relaciona con la facturación falsa en obras públicas ejecutadas para Vialidad Provincial, también en Santa Cruz.
