ESCUCHAREl fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, resolvió a favor de un pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para que se investigue a las autoridades de la Anses.
La instrucción será encabezada por la Justicia federal, la que deberá determinar si es que los funcionarios cometieron “delitos de acción pública” vinculados al financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Según Garrido, “existirían elementos de conocimiento suficientes para suponer la posible comisión ´prima faccie´ de delitos de acción pública” en el conflicto que se desató entre la Anses, a cargo de Amado Boudou, y la Caja de Jubilaciones de la Provincia por el déficit que desembocó en la emergencia provincial.
Cabe recordar que el planteo del ombudsman nacional comenzó cuando éste requirió la información de la Anses y de la Caja para determinar cuál era la deuda del organismo nacional con el provincial. A esos datos sólo pudo acceder a través de acciones judiciales, puesto que el organismo nacional se negó a brindarlos.
Ante esa situación, Mondino pidió al fiscal Garrido que se investigue a las autoridades de la Anses por desobediencia y por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber girado los fondos asignados por partida presupuestaria a la Caja.
También los denunció por presunta malversaciones de caudales públicos, en un intento por establecer si los fondos que no fueron a las arcas de la Caja tuvieron otro destino y por presunta infracción a la Ley de Ética Pública, al no haber cumplido los funcionarios con las normas de transparencia.
