La instancia perime si el interesado no pide pase a fallo

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) interpretó que cuando un expediente ha permanecido sin movimientos, a pesar de estar en condiciones de pasar a la etapa de decisión, corresponde que el interesado ponga de manifiesto la situación y solicite que los autos pasen a estudio efectivo de los jueces, so pena de que la instancia caduque si se mantiene inerte durante el plazo de la ley. [privado]

Así, el TSJ confirmó una resolución de la cámara a quo que consideró perimida la perención de instancia de un beneficio de litigar sin gastos (BLSG), a pesar de que la causa se encontraba con el decreto de autos notificado.

Los vocales de la Máxima Instancia local María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Eugenio Angulo indicaron que el proveimiento impugnado resolvió rechazar el recurso de apelación y que quedó así confirmada la declaración de perención del BLSG iniciada por Raúl Guzmán.

El Alto Cuerpo sostuvo que la solución de la cámara a quo fue “ajustada a derecho” y acorde con la jurisprudencia de la Sala Civil.

Precisó que la parte interesada, tal como se decidió en el pronunciamiento recurrido, debió, una vez notificadas todas las partes del decreto de autos y después de haber acompañado las copias correspondientes para que sean agregadas al expediente, solicitar que “pasen los autos a resolver”.

Circunstancia

El TSJ relató que la circunstancia de que se hubiese notificado el decreto de autos, en rigor, no acarreó el cese de la carga de impulso que le incumbía al recurrente “ni el consiguiente riesgo de declarar la perención de instancia, en tanto los obrados no alcanzaron a pasar realmente a estudio de los magistrados del tribunal sino que, al contrario, permanecieron en secretaría”.

En esa dirección, destacó que el hecho de que la ley le imponga al órgano jurisdiccional o a sus dependientes el deber de ejecutar determinados actos de procedimiento, “no libera al litigante interesado de la carga de instar por su lado el cumplimiento de esas actuaciones, so pena de que su pasividad durante el plazo legal conlleve la caducidad de instancia pendiente, habiendo agregado que son actos respecto de los cuales convergen, por un lado la carga impulsora de las partes, y por otro la obligación del juez de llevar adelante el juicio en función del rol activo que le impone su condición de director del proceso”.

Así, el Alto Cuerpo apuntó que es sólo al pasar el expediente a fallo, sea sobre lo principal o sobre un incidente, cuando “la prosecución del juicio queda librada única y exclusivamente a la actividad del órgano jurisdiccional, no pudiendo presentarse más escritos, salvo los que el juez creyere oportunos para mejor proveer”.

Además, indicó que aunque el expediente deba pasar directamente a estudio sin necesidad de esperar un pedimento expreso del litigante, “esa circunstancia no exime a éste de la carga de requerir la efectivización de ese paso y de asegurar que la causa pase realmente a estudio del órgano jurisdiccional competente”.

Por lo expuesto, estimó que el envío de la cédula de notificación importó un acto de impulso junto con la agregación de las cédulas, pero el recurrente -la parte actora- se mantuvo inactivo con posterioridad, en el sentido de que no pidió el pase a estudio de la causa, por un lapso superior a un año.

Argumento

Finalmente, advirtió de que no puede obviarse otro argumento fundante de la perención declarada en autos, en el que se expuso que “tras dictarse el proveído que tiene por agregadas las cédulas de notificación del decreto de autos, el apoderado de los solicitantes del beneficio retiró el expediente en préstamo y lo retuvo en su poder desde el día 22/7/2014 hasta el 25/8/2015”, dato no menor si se tiene en cuenta que la propia interesada en la resolución del beneficio retuvo durante más de un año el expediente, circunstancia que, según expuso, “no revela precisamente una actitud célere e interesada en la finalización de la instancia ni una conducta procesal coherente con los deberes de lealtad, probidad y buena fe en el desarrollo del proceso que le son exigidos”. [/privado]