La Defensoría General de la Nación defendió la aplicación de seis artículos del CPPF

Consideró que su puesta en marcha permitirá resguardar el estado de inocencia de los acusados y aunar criterios entre los tribunales. Se amplió el derecho a recurrir una sanción penal con facultades amplias para su revisión.[privado]

La Defensoría General de la Nación (DGN) recomendó a los magistrados y defensores públicos coadyuvantes con competencia en materia penal (federal y nacional) que apliquen los artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) que entraron en vigencia el día 10 pasado.

Se trata de los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, relativos al principio de inocencia de las personas acusadas de delitos y al derecho a recurrir una sanción penal ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión, que se pusieron en marcha la semana pasada a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Cabe recordar que el CPPF se encuentra vigente, en su totalidad, sólo para las causas iniciadas desde el 10 de junio de 2019 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y que la mencionada comisión parlamentaria inició un proceso de ejecución parcial para las restantes jurisdicciones del país que aún se rigen por el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Así, en 2019 se activaron las cláusulas sobre las alternativas al castigo, los derechos de las víctimas para disponer de la acción penal, la libertad durante el proceso y el derecho a una revisión judicial amplia (Arts. 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222, del CPPF); y en 2020 se hizo lo propio con las pautas relativas a la publicidad del debate oral y a la revisión de la sentencia de condena firme (Arts. 285, 286, 287 y 366, inciso “f”, del CPPF).

Esta nueva implementación parcial -afirmó la resolución de la DGN- “complementa las decisiones anteriores al seleccionar la totalidad de las normas referidas a la revisión de la condena firme y lo atinente a su ejecutoriedad”.

Sobre la revisión de sentencia condenatoria firme, la DGN resaltó la implementación de los artículos 366, 367, 368, 369 y 370 del CPPF para toda la justicia penal (federal y nacional). En ellos, el código establece que la revisión “procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado” por diversas razones, entre ellas el uso de prueba falsa como fundamento de una sentencia; la aparición de nuevos hechos o elementos que probaran la inocencia del acusado, cuando la sentencia hubiera sido dictada como consecuencia del prevaricato de un juez; y cuando corresponda aplicar retroactivamente un cambio en la legislación favorable a la persona condenada. Además, incluye la posibilidad de revisión en caso de que “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.

En cuanto a la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria, la DGN analizó que “hasta la aprobación del CPPF no existía una norma que de manera expresa estableciera el momento en que una sentencia de condena debía ser ejecutada”, lo que dio lugar a numerosas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias disímiles, a lo largo y ancho del país.

De este modo, para evitar que la ausencia de criterios uniformes genere efectos diferenciales en las circunscripciones donde aún no rige el CPPF, se implementa el artículo 375 para toda la justicia penal federal y nacional, en tanto se trata de una regla que garantiza un mejor resguardo del estado de inocencia que debe mantener toda persona investigada y/o acusada, como uno de los principios nodales para un debido proceso”.

Concluyó la resolución: “Las normas que se aplican en esta nueva ocasión no lucen incompatibles con el sistema vigente por Ley N° 23.984, sino que permitirán ampliar el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas asistidas”.[/privado]