La Corte zanjó el diferendo inmobiliarios-martilleros

El Máximo Estrado judicial del país confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial 9445, que creó el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliaros. Alrededor de 3.500 agentes de bienes raíces deberán matricularse en esta institución. [privado] La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), confirmando que la ley 9445 es la única que regula y administra todo lo relacionado con la actividad inmobiliaria en la Provincia de Córdoba El Máximo Tribunal del país analizó el recurso de hecho promovido por el Colegio de Martilleros, concluyendo que “la queja por denegación del recursos extraordinario no ha cumplido con el requisito vinculado con el número de página previsto en el art. 4º del reglamento aprobado por acordada 4/2007”, una formalidad que suele ser excluyente -como lo fue- cuando se trata de litigar ante ese alto estrado judicial. La extensa saga tribunalicia sobre esta controversia data de 2007, oportunidad en que fue creada la referida norma para regular y administrar la actividad inmobiliaria en el ámbito provincial, que exige que cada profesional obtenga su matrícula habilitante en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), única entidad que puede entregar matrícula y garantizar la legalidad de cada inmobiliario. El Colegio de Martilleros fue a la Justicia intententando que la norma en cuestión fuese declarada inconstitucional. Sin embargo, tanto el TSJ de Córdoba, en dos oportunidades, como ahora la CSJN rechazaron ese planteo y ratificaron su total vigencia. Cabe acotar que el Alto Cuerpo provincial no sólo rechazó el pedido del Colegio de Martilleros sino que determinó claramente que existen dos profesiones bien diferenciadas: la de corredor inmobiliario y la de martillero, para las cuales gobierno y control del ejercicio profesional de los agentes de bienes raíces debe realizarlo el CPCPI. Con este nuevo fallo de la Corte se extinguen los caminos y acciones judiciales para intentar derogar la norma objetada, ley 9445, lo cual ratifica y consolida su la vigencia para todo el territorio cordobés, haciendo obligatoria a más de 3.500 “realtors” la obtención de la matrícula de corredor público inmobiliario para poder seguir ejerciendo legalmente la profesión. De hecho, algunos fallos de primera instancia ya habían impuesto esa carga al negar concretamente el pago de comisiones a un corredor inmmobiliario que seguía actuando con la matrícula de la vieja ley 7191, otorgada por el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos. Por último, cabe recordar que la Legislatura Unicameral tiene en tratamiento de comisión un proyecto que plantea colocar el corretaje público e inmobiliario bajo la órbita del colegio creado por ley 9445, y excluyéndolos de la esfera de la ley 7191. [/privado]

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