La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la elevación a juicio de la causa “Ciccone”, al desestimar las quejas de las defensas de los procesados José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele en contra la decisión que confirmó el rechazo de los pedidos de nulidad de los requerimientos formulados por el fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
De esa manera, el decisorio de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani pone a los nombrados y al ex vice presidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, más cerca del banquillo de los acusados. A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la pretensión de Núñez Carmona y Vanderbroele y respaldó la validez de los requerimientos. Ante ello, recurrieron ante el máximo tribunal penal, que les denegó el recurso, como consecuencia de lo cual acudieron en queja, sin éxito. Hornos y Gemignani sostuvieron que la decisión cuestionada no se trata de una sentencia definitiva o que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones. Además, estimaron que la decisión de la alzada no generó agravio alguno que no se pudiera reparar posteriormente.
Acusación
Según la acusación, Boudou -aprovechando su condición de funcionario y con la activa participación de su amigo Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbrole- habría recibido por medio de la sociedad anónima The Old Fund 70% de la firma Ciccone Calcográfica de parte de Nicolás y Héctor Ciccone, a cambio de gestionar el rescate de la empresa, que estaba en quiebra. El objetivo habría sido contratar con el Estado la impresión de billetes y documentos públicos.
Investigación
La causa por las maniobras irregulares salió a la luz a principios de 2012, a partir de una investigación del periodista Nicolás Wiñazki cuando entrevistó a Laura Muñoz, la ex esposa de Vandenbroele, quien lo acusó de ser un testaferro de la firma y denunció que el dueño real era Boudou. Aunque el entonces vicepresidente negó tener vínculos con Vandenbroele, la Justicia comprobó que pagaba las expensas, el alquiler y el servicio de televisión por cable de un departamento perteneciente a Bodou, entre otros nexos. En junio de 2014, el juez Ariel Lijo procesó al vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función. También incriminó a Núñez Carmona, a Vandenbroele y a Rafael Resnick Brenner (funcionario del Fisco durante la gestión de Boudou), entre otros. La oposición al kirchnerismo pidió el juicio político para Boudou (se presentaron ocho planteos) pero no lo logró ni siquiera que tomara licencia, por la negativa del oficialismo, que tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso.
