ESCUCHARPor unanimidad, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se declaró ayer incompetente ante el planteo del fiscal General de la provincia, Alberto Lozada, quien solicitó el lunes último la indagatoria del jefe del Ejército, teniente general César Milani.
El pedido del fiscal ocurrió en el marco de la causa que investiga el secuestro, en 1977, de Ramón Olivera, quien fue sacado de su casa de La Rioja por ocho personas, entre las que habría estado Milani. El hombre fue llevado a una cárcel de esa provincia, donde fue torturado y, tres días después, tirado en la puerta de su vivienda, de donde se llevaron a su hijo Ramón Alfredo. Para Lozada había pruebas suficientes de que Milani acompañó a Olivera al juzgado federal, donde recibió amenazas y advertencias, y a la prisión, donde fue torturado.
El requerimiento de citación alcanzaba también a policías y militares (todos retirados) y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. Lozada había calificado las pruebas de “útiles, pertinentes y válidas”. A raíz de las torturas que recibió Olivera padre quedó hemipléjico y murió tiempo después sin haberse recuperado. La detención del hijo fue blanqueada cuando se lo trasladó a la cárcel de La Plata.
El tribunal integrado por Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro consideró que es abstracta la apelación de la querella a la nulidad dictada por el juez de La Rioja, Daniel Piedrabuena, y también analizó que el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa debe ser resuelto por ese juzgado.
