Italia: el cumplimiento de las pautas de un fallo de 2019 permitirá un suicidio asistido

Hace dos años, el Tribunal Constitucional de ese país determinó que no será punible la persona que ayudare a otra a morir cuando haya irreversibilidad de la enfermedad, insostenibilidad del dolor y “la clara voluntad del paciente”. Se trató de un decisorio histórico

Hace poco más de dos años, en septiembre de 2019, en Italia, el Tribunal Constitucional (TC) consideró que no siempre es punible brindar ayuda a un enfermo con una patología irreversible que le causa sufrimiento físico o psicológico, a que ponga fin a su vida.

Se trató de un fallo histórico que fue celebrado por los defensores de la eutanasia en el país.

El magistrados del TC se pronunciaron a petición del tribunal de Milán que juzgaba a Marco Cappato, activista por el derecho a la eutanasia, ex eurodiputado y miembro del Partido Radical, por ayudar a morir a Fabiano Antoniani (conocido como Dj Fabo), en una clínica suiza, en febrero de 2017 . El hombre estaba completamente paralizado y ciego como consecuencia de un accidente de tránsito.

El caso generó un fenómeno mediático que reabrió en Italia el debate sobre la eutanasia. Cappato se exponía a una sanción de 12 años de cárcel por ayudar al suicidio pero el Constitucional fijó jurisprudencia.

En su fallo, estableció que la persona que ayuda a otra a suicidarse no es punible automáticamente y enumeró las condiciones para descartar el castigo; entre ellas, que el paciente preste su consentimiento en forma clara y que el procedimiento se lleve a cabo con sedación y bajo el control de autoridades públicas.

Así, dejó de lado el castigo para quien ayude a morir a un “paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufra de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considere intolerable, pero que sea totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”.

En ese entonces, los legisladores acordaron acelerar un proyecto de ley para aclarar los problemas sobre la muerte asistida, pero no avanzaron y crece el reclamo a la clase política para que diseñe normativa sobre la eutanasia similar a la de España.

Fármacos

En ese contexto, ayer, un centro médico de la región italiana de Las Marcas autorizó el suicidio asistido de un hombre de 43 años, tetrapléjico desde hace una década a raíz de un accidente a bordo del camión que manejaba, quien se convirtió en la primera persona en el país europeo en acceder a los fármacos para terminar con su vida por propia voluntad.

Después de 13 meses de discusiones, el aval para el procedimiento lo emitió el centro médico Asur. Ocurrió luego de que un equipo médico confirmó los requisitos pedidos por la corte constitucional.

“El Comité de Ética (del servicio sanitario público) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas para acceder al suicidio asistido por primera vez en Italia”, anunció la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

En Italia crece el reclamo a la clase política para que diseñe y legisle normativa sobre la eutanasia similar a la de España. Actualmente se juntan firmas para convocar a un referéndum.

El grupo detalló que “Mario” llevaba más de un año solicitándole al hospital donde está internado que verificara sus condiciones de salud para acceder legalmente a una droga letal para poner fin a su sufrimiento.

Luego de la primera negativa hubo mediación y la decisión final la tuvo un comité de ética. La sentencia del TC establece que a la estructura pública del Servicio Nacional de Salud sólo le corresponde la verificación de las modalidades ante el comité de ética territorial competente.

España

En junio comenzó a regir en España la denominada Ley de Eutanasia, que dividió las aguas en el país.

A mediados de diciembre de 2020, el Congreso de Diputados aprobó la normativa. En marzo, la iniciativa del Partido Socialista fue refrendada por el Senado y el país se sumó a la lista que integran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Aunque ese paso se descontaba, meses antes, en enero, varias entidades de prestadores de salud manifestaron su rechazo a la normativa. Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid emitieron un comunicado en el cual adujeron que la legislación implicaba “un grave riesgo para la población” y que ponía en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios.

En concreto, manifestaron que si en España hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos, los pedidos de ayuda para morir serían “mínimos o nulos”. Bajo esa premisa, afirmaron que había “ausencia de demanda social”. El presidente de la entidad que nuclea a los galenos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, precisó que cuando se hablaba de “indefensión” se refería a que, aunque la legislación establece que pueden objetar, muchos profesionales temen las consecuencias que su decisión pueda tener, ya que son comunes los contratos de trabajo semestrales. Para él, aquella precariedad iba a “obligar” a muchos de sus colegas a “matar a sus pacientes”.

Martínez-Sellés también denunció que no se pudieron hacer asambleas presenciales ni debates y que no concurrieron expertos al Congreso.

Consenso

La regulación de la eutanasia contó con amplio consenso social en España: en torno a 80 por ciento.

En los últimos años, el Legislativo había rechazado tratar la cuestión en cuatro ocasiones, pese a los reclamos de varios pacientes terminales que llegaron a los titulares de los diarios. El último caso mediático fue el de Ángel Hernández, incriminado por cooperación en el suicidio de su esposa, en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en video. El pionero fue Ramón Sampedro, el tetraplégico gallego a quien le facilitaron la muerte en 1998, cuya historia de vida fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en la película Mar adentro.

Con la sanción de la normativa, España acogió el precedente “Gross c/ Suiza”, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y cualquier mayor de 18 años que sufra una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que esté en uso de sus facultades mentales, puede pedir la eutanasia.

El texto aclara que si no está lúcido pero cumple los requisitos clínicos y tiene un testamento vital previo en el que exprese su voluntad, también podrá acceder. Deberá solicitarlo dos veces de forma voluntaria y por escrito y prestar un consentimiento informado.

Por otra parte, determina que la ayuda se podrá brindar en dos modalidades: la administración directa al paciente, por un profesional, de una sustancia (eutanasia) o la prescripción o suministro de una droga para que se la aplique él mismo (suicidio médicamente asistido).

Nueva Zelanda

El año pasado, Nueva Zelanda aprobó en un referéndum vinculante la eutanasia para enfermos terminales: 65,2 por ciento de los votantes respaldó la ley aprobada el 13 de noviembre de 2019 en el Parlamento.

El procedimiento comenzó a regir a partir del 6 de noviembre pasado. Permite que un médico administre una droga letal a un adulto desahuciado que lo haya solicitado de forma consciente y voluntaria. Otros dos galenos deberán supervisar el procedimiento y acordar en que el paciente está en condiciones de manifestar su voluntad.

Aunque la eutanasia es legal en otros países, Nueva Zelanda es el primero en hacerlo mediante un referéndum.

Argentina

En Argentina existen dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida: la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (también llamada “ley de muerte digna”), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir, y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente.

La legislación sancionada en 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido. La ley 26742 precisa que toda persona capaz y mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud, y que éstas deberán ser aceptadas por el galeno a cargo.