La investigación en trámite es por presunto direccionamiento hacia un mismo oferente. En el caso de los dos funcionarios públicos se agregó el delito de incumplimiento de deberes. El perjuicio estimado por las maniobras sería de 3,5 millones de pesos
Tres personas, dos de ellas empleadas de la sede del PAMI en Salta, fueron imputadas por la presunta comisión del delito de defraudación a la Administración pública.
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