Imputaron por defraudación a empleados y contratista del PAMI Salta

La investigación en trámite es por presunto direccionamiento hacia un mismo oferente. En el caso de los dos funcionarios públicos se agregó el delito de incumplimiento de deberes. El perjuicio estimado por las maniobras sería de 3,5 millones de pesos

Tres personas, dos de ellas empleadas de la sede del PAMI en Salta, fueron imputadas por la presunta comisión del delito de defraudación a la Administración pública.

Se trata de Sebastián Villagrán Di Pietro -dueño de una empresa de servicios de logística digital-, Claudio Palacios y Ricardo Coronel.

A Palacios y Coronel, funcionarios del organismo previsional, se les sumó la incriminación por supuesto incumplimiento de deberes.

Los cargos los formuló el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, en representación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de Ricardo Toranzos.

El juez federal de Garantías Número 1, Julio Bavio, también hizo lugar a otros planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF); entre ellos, el establecimiento de las medidas de coerción requeridas para garantizar el curso del proceso.

Denuncia anónima

La investigación se inició en octubre de 2021, a raíz de una denuncia anónima que anotició sobre posibles irregularidades en contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII Salta, dependiente del PAMI.

El agente Mirabella explicó que el denunciante apuntó a dos expedientes de contratación directa de servicios de audio y video, con pantallas led, para encuentros a llevarse a cabo en distintos centros de jubilados con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI, que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites.

Sindicó como responsables a Palacios y a Coronel, mientras que señaló a Villagrán Di Pietro como beneficiario de las maniobras ilegales.

Puntualizó que en uno de ellos, de septiembre del año pasado, se hacía mención de la presentación de presupuestos por tres oferentes, uno de los cuales correspondía a Villagrán Di Pietro, quien en realidad fue el único que cotizó (en 440 mil pesos) y ganó.

En tanto, indicó que en el otro expediente se dio una situación similar aunque la adjudicación se concretó porque la firma del encausado contaba con cierta experiencia en gerontología, y las otras dos oferentes (las mismas que en el proceso anterior) tampoco formularon ofertas ni determinaron costos.

Policía Federal

El auxiliar fiscal detalló que las primeras tareas de campo que el Área de Casos Complejos le encomendó a la Policía Federal constataron que, efectivamente, las dos empresas que figuraban en los expedientes no ofertaron y que, además, no funcionan en los domicilios comerciales que denunciaron; de hecho, afirmó que los vecinos de las sedes sociales dijeron desconocer la existencia de las empresas.

“Ante este cuadro de sospecha inicial y dado el hermetismo existente en el PAMI por la supuesta influencia de los implicados, se avanzó con tareas de inteligencia, las cuales se realizaron con el control judicial correspondiente”, aclaró Mirabella, puntualizando que como resultado de esas pesquisas se reunió información proveniente de intervenciones telefónicas, en las cuales los encartados hicieron referencia directa a maniobras dirigidas a sortear exigencias con la intención de favorecer a Villagrán Di Pietro.

También manifestó que hubo “advertencias para asegurarse la impunidad”. En tal sentido, reveló que Palacios le indicó a Villagrán Di Pietro: “Seba, si podés el correo, el WhatsApp y todo eso, borra todo al carajo”.

El agente acotó que en otras conversaciones los imputados intercambiaron información respecto a cómo debían presentar las facturas para evitar que se advirtieran irregularidades.

Teléfonos

Por otra parte, mencionó un diálogo entre Palacios y Coronel en el que ambos hablaron de “salir a festejar” por los “cheques que tenían para cobrar”.

En cuanto al análisis de los teléfonos secuestrados en allanamientos, Mirabella resaltó la existencia de muchos contactos entre los encausados; para ejemplificar, un total de 1.300 llamadas de Villagrán Di Pietro a Palacios.

Paralelamente, informó que en los dispositivos electrónicos del prestador de servicios de PAMI se hallaron imágenes del primer expediente citado en la denuncia anónima, de la cual también se encontraron copias en papel en un placard de su casa.

“Todas las evidencias reunidas hasta el momento llevan a la fiscalía a sostener que los involucrados tenían una cierta organización a los efectos de generar en el ámbito de las contrataciones un favorecimiento hacia Villagrán Di Pietro, donde los referentes técnicos serían Palacios y Coronel”, concluyó el representante del MPF.

Según señaló, para lograr sus fines los imputados usaban empresas denominadas “de papel” para simular adjudicaciones y puso en duda que las prestaciones efectivamente se concretaran.

Al referirse al daño causado y conforme a la documentación reunida y analizada, Mirabella calculó que las maniobras desplegadas por los tres encartados le habrían causado un perjuicio económico al Estado nacional por un monto estimado de 3,5 millones de pesos.