Impugnan cancelar en un pago deuda por aportes previsionales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inaplicable la resolución de la Anses que imponía esa exigencia como condición para acogerse a la moratoria para jubilación anticipada prevista en la ley 25994. [privado] La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó un fallo que declaró la inaplicabilidad de la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que obliga a cancelar en un pago las deudas de aportes para acceder a la jubilación, al sostener que no deben desconocerse “derechos tutelados por las leyes previsionales sino con extrema cautela”. La decisión fue adoptada en autos “Tapia c/ Anses”, en los que la Cámara de la Seguridad Social revocó el fallo de primera instancia que había hecho lugar al amparo iniciado para que se declarara la inaplicabilidad antes referida. La norma supeditaba el acceso a la jubilación anticipada creada por la ley 25994, la anterior moratoria previsional, para “aquellas personas que ya gozaban de un beneficio previsional, a la cancelación del total de la deuda por aportes impagos”. La demandante había accedido a la jubilación cuando la resolución estaba vigente y la Anses le aprobó un plan de pagos, pero posteriormente se lo denegó. Requisito El tribunal consideró que el requisito no resultaba “una violación constitucional al derecho a la seguridad social, pues no impedía su obtención, sino que la condicionaba a la cancelación total de la deuda reconocida”, y refirió que otras leyes previsionales, como la 18038 de jubilación de autónomos, “establecían como requerimiento para acceder a la prestación no registrar obligaciones impagas en materia de aportes previsionales”, concluyendo que el vicio en la resolución, que según la amparista comprometía garantías constitucionales, “no era evidente”, la dilucidación del conflicto “exigía una mayor amplitud de debate y prueba”. Sin embargo, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda entendieron que esa decisión fue dogmática y “sin fundamentar la necesidad y temática de esa mayor discusión y sin referir siquiera qué elemento ausente en el proceso -y cuya obtención no fuera posible- hubiese sido indispensable para su correcta solución”. Atribuciones La CSJN recordó que “las atribuciones con que cuentan los organismos administrativos para suspender, revocar, modificar o sustituir las resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios –art. 15 de la ley 24.241- existen a condición de que la nulidad resulte de hechos o actos fehacientemente probados, y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los temas cuestionados con el objeto de resguardar la garantía de la defensa en juicio”. A ello, la CSJN sumó su propia doctrina, en cuanto a que “no debe llegarse al desconocimiento de los derechos tutelados por las leyes previsionales sino con extrema cautela”, y que para ello había que evitar “o incurrir en excesos rituales que conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad”, por lo que, en consecuencia, se revocó la sentencia y se dejó firme lo resuelto en primera instancia. [/privado]

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