Gils Carbó va a juicio por negociaciones incompatibles con la función

Lo resolvió el juez Julián Ercolini. Al procesar a la ex procuradora General, en octubre de 2017, sostuvo que ella ideó un plan para gestionar la adquisición de la sede de la PGN en forma “direccionada”, violando “consciente y voluntariamente” sus deberes

Alejandra Gils Carbó irá a juicio por la compra del edificio donde tiene la sede la Procuración General de la Nación (PGN), ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Perón al 600. [privado]

El juez Julián Ercolini acaba de elevar el expediente, en cuya instrucción intervino el fiscal Eduardo Taiano, por la supuesta transacción irregular, a debate oral y público.

En octubre de 2017, la ex funcionaria y otras personas fueron procesadas por Ercolini, por la presunta comisión del delito de defraudación contra la Administración pública, debido a la adquisición del bien, en 2013, por cerca de 44 millones de pesos.

Corrupción

Poco después de quedar incriminada por corrupción, Gils Carbó renunció a su cargo, pese a que, al anoticiarse de su situación procesal, había asegurado que no se iba ni pedía licencia.

Cabe recordar que al procesar a la abogada, Ercolini sostuvo que ideó un plan para gestionar la adquisición del inmueble en forma “direccionada”, violando “consciente y voluntariamente los deberes atinentes a su cargo”.

En el caso, la firma vendedora fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, encabezada por Adrián González Fischer.

La empresa le abonó siete millones de pesos en concepto de comisión a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por el asesoramiento para la operación.

En el expediente se acreditó que el medio hermano del ex funcionario de la Procuración que manejó la licitación para comprar el edificio cobró una comisión por parte de la inmobiliaria que asesoró en la venta a la empresa vendedora, Arfinsa.

Es decir, la firma le pagó una comisión a una inmobiliaria que, a su vez, le abonó una comisión a un productor de seguros que tenía acceso a información privilegiada sobre el proceso licitatorio.

Jaureguiberry, por su parte, le abonó tres millones de pesos por otro tipo de consejos en la licitación al productor de seguros Juan Carlos Thill.

Thill resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, quien desde su cargo de subdirector de Administración de la Procuración General de la Nación (PGN) comandó el proceso licitatorio.

Calificación

En 2018, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos, pero modificó la calificación legal, que pasó a ser negociaciones incompatibles con la función pública.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio se adquirió a valores normales y la millonaria comisión fue pagada por la empresa Arfinsa.

No obstante, establecieron que sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada mediante la pareja de hermanos Bellingi-Thill.

Recusación

Ercolini elevó el caso a juicio a horas de que la alzada rechazó su recusación, planteada por la defensa de la ex jefa de los fiscales por “temor a parcialidad”.