ESCUCHAREl informe abarca el período comprendido entre los años 2005 y 2011. También constató pagos a funcionarios públicos que debían aprobar y controlar gestiones relacionadas con las obras del programa Sueños Compartidos y abultadas deudas con los empleados.
La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe sobre el manejo de fondos en el programa «Misión Sueños Compartidos», de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini.
El organismo que preside Leandro Despouy advirtió sobre millonarios desvíos de dinero proveniente de las arcas públicas a cuentas de sus ex apoderados, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. También resaltó las abultadas deudas que mantiene la asociación.
De acuerdo con la investigación, que abarcó el período comprendido entre 2005 y 2011, el Estado Nacional le otorgó a la fundación $1295 millones para el programa de construcción de viviendas sociales «Misión Sueños Compartidos», que se tradujo en el levantamiento de 4757 casas, de las que 822 fueron adjudicadas.
En el documento se valoró que el manejo de activos fue «poco transparente” y denunció que faltaron controles del Gobierno nacional.
Entre las irregularidades se citanmillonarios desvíos hacia cuentas a nombre de los Schoklender. Así, se detallan pagos a Sergio por 23 millones y a Pablo por 13. En tanto, precisó que la constructora que ambos tenían, Meldorek, recibió $ 4, 4 millones y que en ninguno de los casos el desembolso del dinero de la fundación estuvo vinculado a gestión de obra alguna.
La AGN explicó que la operación para hacer circular los fondos se basaba en la emisión de cheques con montos menores o iguales a 50 mil pesos, lo cual dificultaba el seguimiento de la ruta del dinero.
Además, la pesquisa constató pagos a funcionarios públicos nacionales y provinciales que tenían la responsabilidad de aprobar y controlar las gestiones relacionadas con las obras.
Arbitrariedades
En el informe –que auditó construcciones realizadas en Santiago del Estero y Chaco, la ciudad de Rosario, los distritos de Tigre y Ezeiza y la Villa 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –, la AGN también denunció falsificación de documentos (especialmente, firmas de titulares de ONG que iban a ser beneficiadas) y fallas en los mecanismos de adjudicación de las viviendas, que dieron lugar a»arbitrariedades y clientelismo».
Así, enfatizó que la falta de un seguimiento sistematizado de las familias a las que se les asignó una vivienda impedía conocer si el grupo que resultó beneficiado es el que la ocupa.
El peritaje también hizo hincapié en la deuda que mantiene la fundación con el personal que trabajó en las construcciones, que asciende a $146.9914.365, entre pago de haberes y aportes provisionales.
Además, consignó que si bien la AFIP le otorgó a Bonafini, como titular de la entidad, un plan de facilidades de pago de 108 cuotas para regularizar la situación, hasta la fecha ninguna fue abonada.
