ESCUCHARPara el magistrado Alejandro Sánchez Freytes, dejarlos en libertad en esta etapa del proceso pondría en riesgo la investigación. Se trata de Diego Sánchez y Miguel Ángel Azar
Los presuntos jefes de una de las financieras ilegales de Villa Belgrano, sospechados de la asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, seguirán presos, luego de que el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, resolvió ayer negar su excarcelación.
En total, son nueve los imputados: Martín Azar, Diego Sebastián Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Pablo Guillermo Rueda, Joaquín Héctor Eleazar Becerra, el ex camarista Miguel Ángel Azar, la ex funcionaria de la Afip María Isabel Valoni y Jorge Mario “Pipo” Novaro.
Sobre Sánchez, el juez señaló que darle la libertad «pone en riesgo inminente en la etapa procesal que se transita la tarea de investigación que se desarrolla febrilmente». Para el magistrado, hay indicios de «peligrosidad procesal», ya que, por algunas escuchas telefónicas, Sánchez y Martín Azar, «habrían estado al tanto de que estaban siendo investigados judicialmente».
Como en el caso de Sánchez, el juez señaló que otorgarle la libertad a Azar «pone en riesgo inminente en la etapa procesal».
Luego de un análisis, el magistrado estimó que «no existen condiciones suficientes que permitan» concederle la excarcelación.
Por su parte, el juez otorgó la excarcelación e inmediata libertad de las «secretarias» de la financiera «madre» Melina Marisa Manelli María del Milagro Martínez previo pago de una fianza de siete millones de pesos cada una. Ambas están acusadas de ser presuntas coautoras de la asociación ilícita.
Por otro lado, el juez decidió otorgarle el beneficio de la exención de prisión a María Isabel Valoni, ex funcionaria de la Afip y madre del detenido Martín Azar. Su esposo, el excamarista del Poder Judicial de Córdoba, Miguel Ángel Azar, también recibió la exención. En ambos casos, deberán depositar 15 millones de pesos cada uno para salir en libertad.
La causa
La causa comenzó a principios de agosto de 2018 luego de que un militar retirado, Félix Jorge Montes, presentara una denuncia en Tribunales federales.
La investigación se centra en las presuntas operaciones que dos financieras habrían llevado a cabo desde hace algunos años hasta febrero en barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba.
El fiscal investiga supuestos préstamos ilícitos, transferencia de fondos, compraventa de moneda extranjera y cambio cheques sin autorización. En la causa se ordenaron escuchas teléfonicas y 13 allanamientos en los que se secuestraron 8.687.110 de pesos, 1.132.811 dólares, más de 450 cheques, pagarés, armas y vehículos.
