ESCUCHARHay al menos 25 personas involucradas en los hechos delictivos. La Justicia localizó a 65 «usinas» creadas por la organización criminal
Los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid le solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis penas de hasta 8 años de prisión para 25 personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal.
Luego de más de un año de audiencias de debate, los agentes consideraron probada la participación de los integrantes de la banda y expusieron que cumplieron distintos roles en función del desarrollo del plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en maniobras de evasión tributaria en todo el país.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, se pudo establecer una estructura conformada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas -con desempeño diario en la oficina sede de la organización- y encargadas de los procesos administrativos indispensables para su funcionamiento habitual y un nutrido esquema de individuos que actuaron como intermediarios que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización.
Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro integrantes del entorno íntimo del cabecilla y a miembros fundacionales de la asociación criminal, que además de intermediar en la comercialización del producto ilícito actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades falsas que la banda usaba para su cometido delictivo. Además, se detectó que dos contadores brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.
Durante la investigación se localizaron 65 usinas relacionadas con la organización: algunas generadas por la propia asociación y otras “recicladas”, adquiridas inactivas o utilizadas fraudulentamente.
En cuanto al perjuicio, los fiscales plantearon que las usinas vinculadas con la asociación emitieron facturas apócrifas en el lapso comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2018 por una cifra superior a los 2 mil millones de pesos.
Spagnuolo y Rachid solicitaron el decomiso de bienes por más de 20 millones de pesos en concepto de ganancias del delito sobre el mismo grupo de imputados que obtuvieron ganancias ilícitas a través de la comercialización de la facturación falsa. Al tal efecto, en la etapa de instrucción del caso, oportunamente, se trabaron medidas cautelares.
