España: la Justicia concluyó que el régimen laboral de empleadas domésticas es discriminatorio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el régimen laboral de España para las empleadas domésticas es discriminatorio porque no le reconoce a ese colectivo -integrado casi exclusivamente por mujeres- el derecho al seguro por desempleo.

A finales de septiembre pasado, el abogado general de la UE se había pronunciado en la misma dirección: consideró que aquella normativa es contraria al derecho comunitario, al suponer una discriminación indirecta por razón de sexo.

Ahora, los jueces comunitarios consideraron que la normativa española, que niega el denominado “paro” a las empleadas domésticas, se opone a la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social, ya que las pone en “desventaja particular” con respecto a los trabajadores, sin que la disposición esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

Protección

España aprobó en 2011 el actual régimen especial de las empleadas del hogar, en el que están dadas de alta casi 400 mil personas, de las cuales más de 95% es mujer.

La protección por desempleo, pese a las continuas reivindicaciones del sector, es una deuda que depende de que España ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las empleadas domésticas.

A su turno, el gobierno español alegó ante la Justicia europea que la exclusión de las trabajadoras del hogar del derecho al seguro por desempleo estaba justificado por sus condiciones particulares de labor y porque el empleador “no es un empresario profesional sino un cabeza de familia”.

En Europa, la normativa comunitaria considera que existe una discriminación indirecta por razón de sexo cuando “una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros” ponen en “desventaja particular” a personas de un sexo determinado, salvo que se pueda justificar “objetivamente con una finalidad legítima” y que los medios empleados para alcanzar la finalidad sean proporcionados.

Añadió que las empleadas del sector “disfrutan, en principio, de todas las prestaciones concedidas por el Régimen General de Seguridad Social”, pese a que su contribución a la financiación del sistema es menor “por disfrutar de tipos de cotización reducidos”.

Fraude y contratación

El TJUE consideró que los objetivos perseguidos por el legislador -lucha contra el fraude y mayor contratación- son legítimos desde el punto de vista de la política social pero a la vez señaló que la normativa no parece ser la adecuada para lograrlos. Señaló que la exclusión del “derecho a paro” no se aplica “de manera coherente y sistemática en comparación con otros colectivos de trabajadores que disfrutan de esas mismas prestaciones, pese a presentar características y condiciones de trabajo análogas” y, por tanto, riesgos similares en términos de reducción de las tasas de empleo, de fraude a la seguridad social y de recurso al trabajo ilegal.