Escalada de violencia en el sur: renunció una fiscal que interviene en causas claves pero el procurador la sostuvo

En un marco de cuasi inacción del Gobierno nacional ante los ataques perpetrados por grupos mapuches, en plena reiteración de episodios que involucran destrucción de propiedad privada y pública y amenazas, y ante decisorios adversos a la persecución de conductas criminales, la agente federal de Bariloche Silvia Little (subrogante) presentó su dimisión. Sin embargo, Eduardo Casal la respaldó y reforzará su equipo

Durante la madrugada del miércoles, en El Bolsón, una nueva acometida de un grupo mapuche destruyó completamente las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón , que tenía un comedor infantil y hacía actividades de montaña desde hace medio siglo.

Los autores del atentado dejaron escritos con amenazas para el intendente, Bruno Pogliano, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. También le cursaron advertencias a los “estancieros” de la Patagonia.

La mandataria provincial reiteró que “no se avalará ningún tipo de violencia” en la jurisdicción, fustigó lo que definió como “ataques a la institucionalidad” de la Provincia que “ponen en peligro la vida de las personas” y volvió a pedirle ayuda a la administración nacional.

Paralelamente, adelantó que el Estado rionegrino denunciará lo sucedido ante la Justicia federal, en el marco de una acción ya presentada por la Fiscalía de Estado local.

Tercer atentado

Se trata del tercer atentado incendiario que se registra en Río Negro en lo que va del mes. El primero dejó en ruinas el flamante Centro de Informes Turísticos de El Bolsón. En el lugar se hallaron bidones con combustible y panfletos en los que se menciona a Carreras, a los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, y al juez Ricardo Calcagno, con la frase “Los niños mapuche crecerán y vencerán en el weichan. La tierra no se vende, se defiende. Fuera winkas terratenientes de wall mapu”.

En tanto, el segundo destruyó una vivienda ubicada en instalaciones de Vialidad Nacional, en Bariloche. Durante la comisión del hecho, los perpetradores agredieron y maniataron al cuidador del predio, que residía en el inmueble, y a su familia.

Ideas por la fuerza

La semana pasada, Sylvia Little, la agente interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó que se investigue la existencia de una organización destinada a imponer ideas por la fuerza.

Formuló el requerimiento de instrucción luego de los dos primeros incendios intencionales que se adjudicó una organización identificada como RAM-MAP -UAL Nahuelhuapikeche.

Lo hizo tras la exposición a la que se refirió Carreras, formulada por los fiscales de Estado y de Estado Adjunto rionegrinos.

El escrito de los funcionarios detalló que durante la noche del 3 de octubre ocurrieron en la zona dos sucesos de “confeso contenido de coerción ideológica e intimidatoria”, que habrían sido ejecutados coordinadamente “por un grupo cuyo objetivo consiste en imponer en forma violenta sus ideas políticas”.

Precisaron que si bien en estos casos intervienen las dependencias del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial pertinentes, hay una organización que busca “promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución Nacional, por considerarlo ilegítimo”, procurando compeler “mediante la violencia y el terror” a acatar sus opiniones.

También alegaron que los miembros del grupo mapuche materializarían “una persecución por odio racial” hacia los “winkas”; esto es, hacia el conjunto de ciudadanos “no mapuche”.

Según los fiscales de Estado, con posterioridad a los hechos se difundió a través de redes sociales y medios periodísticos un comunicado por medio del cual RAM-MAP - UAL Nahuelhuapikeche se adjudicó la comisión del primer incendio, en lo que fue descripto como un “proceso de fortalecimiento de las reivindicaciones territoriales de las comunidades, en miras a la reconstrucción integral del Wall Mapu como camino de la liberación nacional mapuche”.

Little consideró que se está ante la posible comisión de un delito de acción pública, en infracción al artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona acciones cuyo fin principal o accesorio sea imponer ideario propio o combatir el ajeno por la fuerza o el temor, con el agravante previsto por el artículo 2 de la ley 23592, de Penalización de Actos Discriminatorios.

Por ello, reclamó que se declare la competencia del fuero Federal en la causa.

En plena escalada de violencia y antes del tercer atentado, Little renunció. La noticia trascendió el martes por la tarde.

La agente planteó su dimisión el lunes, ante la Fiscalía General de la Cámara Federal de General Roca, luego de que, el pasado viernes, la magistrada subrogante Silvina Domínguez sobreseyó a María Nahuel, encausada por las usurpaciones en Villa Mascardi. Durante el desarrollo del acto, integrantes de agrupaciones mapuches provocaron disturbios en la puerta del juzgado: arrojaron piedras y escribieron paredes con aerosol y la Policía Federal tuvo que dispersarlos.

Agresión

Nahuel quedó imputada en 2017. Durante la audiencia, que presidió el por entonces juez subrogante Gustavo Villanueva, le tiró un lapicero a Little. Quedó incriminada por esa agresión y por entorpecer la investigación en otro expediente, uno de los tantos anexos al que se tramita por las tomas de terrenos por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Little tomó el control de la fiscalía en 2017. Según reportes de medios nacionales, resolvió dejar ésta y volver a su puesto como secretaria, abrumada por la falta de avances en las actuaciones por usurpación, cortes de rutas y ataques, que tiene a cargo.

Rol destacado

La agente tuvo un rol destacado en la causa principal por la usurpación de tierras de Villa Mascardi, perpetrada a fines de noviembre de 2017. De hecho, mantuvo en pie la pesquisa cuando la Administración de Parques Nacionales había decidido no avanzar, y en agosto requirió procesamientos.

Una vez que tomó conocimiento formal de la determinación de Little, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la respaldó y la agente decidió que seguirá en el puesto.

Mediante una resolución, Casal conformó un equipo especial que apoyará a la fiscal de Bariloche. Estará integrado por Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvim), y Gabriel González da Silva.

Paralelamente, el procurador ordenó que la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (Datip) colabore, a petición de la agente, en los procesos que lo requieran.

Casal destacó la labor que viene realizando la mujer “en una jurisdicción con una conflictividad particular”. También elogió su experiencia.

Cabe recordar que desde que subroga la Fiscalía Federal de Bariloche, Little instruyó investigaciones críticas, como el homicidio de Rafael Nahuel, ocurrido 24 días después de que asumió. En esa causa solicitó la elevación a juicio de los efectivos de Prefectura Naval Argentina que participaron del operativo que derivó en la muerte del joven.

Little también participó del juicio de extradición de Facundo Jones Huala, y cuando terminó el debate quedó a cargo de la fiscalía.

El encartado fue extraditado a Chile en septiembre de 2018. Tres meses después, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué, en enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.

Embajador

El 5 de octubre pasado, su defensa pidió que se le concediera la libertad condicional. La solicitud fue analizada por la Corte de Apelaciones de Temuco, con la participación del embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

La intervención de Bielsa generó una ola de críticas. En ese marco, el senador nacional Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-Tierra del Fuego) presentó un proyecto solicitando que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, detalle los pormenores del rol del diplomático.

“Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte del canciller Santiago Cafiero, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, afirmó Blanco.

Cancillería

El legislador recordó que la Cancillería en sus reglamentaciones internas establece que los diplomáticos no pueden ser parte de procesos judiciales en otros países e interceder para obtener exenciones de prisión ni proporcionar asesoramiento legal.

En esa tesitura, argumentó que la presencia de Bielsa en la audiencia es una vulneración de las disposiciones de la propia Cancillería y “una intervención directa en asuntos que no le competen”, lo cual, según manifestó, constituye “una falta gravísima que ameritaría su remoción”.

“El kirchnerismo siempre defendió a Jones Huala, un delincuente peligroso que, como en este caso, parecería aceptar ser argentino por conveniencia”, disparó Blanco, quien definió al supuesto referente mapuche como “uno de los principales promotores de las tomas de tierras en la Patagonia Andina mediante actos violentos, intrusiones y atentados contra propiedades y personas”.

“El Gobierno nacional, fuera del signo que fuere, jamás puede defender a delincuentes probados que reniegan de nuestra bandera y la ley”, finalizó el senador de Juntos por el Cambio.

Hasta ayer, siguiendo la línea de su antecesora, Sabina Frederic, el ministro Aníbal Fernández se negó a reforzar la seguridad en la zona de Bariloche y de El Bolsón, tal como pidió la gobernadora Carreras, pero cedió después del último evento dañoso y el Gobierno anunció que enviará más efectivos de Gendarmería.

Por lo pronto, los altos mandos de las fuerzas federales no parecen estar a la altura del problema y e l Estado nacional sigue enviando mensajes contradictorios sobre su posición en el denominado “conflicto mapuche”